La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, y el mandatario Pedro Castillo. (Foto: Twitter @congresoperu)
La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, y el mandatario Pedro Castillo. (Foto: Twitter @congresoperu)

Una amplia mayoría de congresistas (79) votó a favor de la ley que regula y pone límites a la cuestión de confianza, que se aprobó por insistencia. La norma, que no modifica ni reforma la Constitución, como alega Perú Libre, sus aliados y el Gobierno, lo que hace es precisar el marco de aplicación de este mecanismo para evitar el abuso.

Es una ley de desarrollo constitucional, como otras tantas que se han propuesto para esclarecer o fijar temas puntuales.

Las reiteradas amenazas del expremier Guido Bellido de hacer cuestión de confianza por Iber Maraví para evitar que el Congreso lo censure, o el pedido hecho ayer mismo –durante el debate– por una congresista oficialista para que la premier Mirtha Vásquez se presente en ese instante ante el Pleno y haga cuestión de confianza para que no se apruebe la ley, son claras demostraciones de que era necesario establecer cierto límite.

El Ejecutivo no puede menoscabar y amenazar constantemente al Parlamento con cuestiones de confianza de manera indiscriminada y a la mínima discrepancia, afectando, a punta de intimidaciones de este tipo, sus funciones de control, fiscalización y de legislación.

Si bien es verdad que la figura de la vacancia presidencial también debe regularse –como exige ahora el Ejecutivo– pues esta herramienta igualmente ha sido usada en los últimos años por las bancadas dominantes en el Congreso con similar intención intimidatoria, aunque apuntando en dirección opuesta, nada impide que se avance con la modificación, o más bien ajuste normativo, de la cuestión de confianza.

El Ejecutivo ha advertido que acudirá al Tribunal Constitucional. Pues bien, que los parlamentarios se preparen para defender la norma ante esa instancia, pues no rompe el equilibrio de poderes, como, en cambio, sí pretende hacerlo la propuesta presentada por el Gobierno para regular la vacancia.

Como bien se ha pronunciado un grupo de destacados constitucionalistas, el proyecto del Congreso, más bien, restablecería ese equilibrio y evitaría que el Ejecutivo invada las competencias del Legislativo, como, desafortunadamente, ha ocurrido en otras oportunidades.

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