Cuestión de confianza y juego de tronos

Tras la pérdida de la mayoría absoluta de 73 congresistas fujimoristas y la asunción de Vizcarra, se pensó que las relaciones entre ambos poderes podrían mejorar en beneficio del país. Salvo breves periodos, el cortocircuito ha continuado y pudo avecinarse una tormenta de grandes proporciones.
El respaldo de la mayoría congresal a Chávarry y el archivamiento expreso a la inmunidad parlamentaria generaron la reacción de Vizcarra, presentando una cuestión de confianza más política que jurídica.

La necesidad de una reforma política es indubitable, la aprobación del contenido es parte del debate. La modificación constitucional es atribución del Congreso y este no está sujeto a un mandato ni se puede condicionar la aprobación congresal en términos de plazos perentorios ni de contenido bajo amenaza de disolución del Congreso. Si se hubiese denegado la confianza, ello habría colocado al Perú en un escenario de inestabilidad que habría empeorado la situación del país, que viene de salto en sobresalto. Obtenidos los votos de confianza, no procedería “interpretar” la denegatoria basada en resultados no deseados de las decisiones legislativas congresales (en temas como las modificaciones constitucionales).

La cuestión de confianza se activa con votos y no se ajusta a interpretaciones. Sería difícil sustentar una disolución del Congreso por diferencias Ejecutivo/Legislativo en los contenidos de la reforma. Se abre un espacio para negociar, dialogar y concertar ante la reforma política. El Congreso podría hacer aportes y mejoras a la propuesta. Una vez otorgada la confianza, el centro del debate serán las propuestas de reforma política que debe aprobar el Congreso antes del fin de la legislatura, que puede ser ampliada.