Cuentos inmorales

“El vocal supremo César San Martín considera que las reglas del Estado son una cojudez y se las salta, sin ningún pudor”.

César San Martín

El juez supremo César San Martín pidió disculpas públicas por haber pedido apoyo a Walter Ríos en un proceso que involucraba a su familia. (Foto: USI)

Cuentos inmorales. (Foto: USI)

Cecilia Valenzuela
Cecilia Valenzuela

El próximo miércoles 15 de agosto la Fiscalía dará su primer gran paso en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia: ese día, a solicitud expresa del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se elegirá al fiscal encargado de iniciar la investigación contra quienes estuvieron involucrados en la difusión de los audios.

¿Se puede ser más cínico? ¿Puede una autoridad cuestionada actuar con más impunidad?

Chávarry está empeñado en castigar a los fiscales y a los policías honestos que permitieron que los ciudadanos conozcamos el nivel de podredumbre que habita en el sistema de justicia. La corrupción le importa un comino. Lo único que le interesa es escarmentar para que la filtración no vuelva a repetirse.

Pero Chávarry no es el único en usar las instituciones para su conveniencia. El vocal supremo César San Martín considera que las reglas del Estado son una cojudez y se las salta, sin ningún pudor: llama al jefe de la jueza que ve un procedimiento que implica a su hermana y le pide que presione. Le interesa apurar su trámite; si eso lo convierte en acreedor de uno de los capos de la mafia, no importa.

Esta semana fuimos testigos del resultado de tan mal ejemplo.

Después de cuatro años de espera, el martes debía realizarse la audiencia de acusación contra los 43 senderistas que actualmente manejan el Movadef, y que están comprendidos en el caso Perseo, pero el juez del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, Jhonny Hans Contreras Cuzcano, no asistió, se reportó enfermo. Tan trascendental audiencia fue suspendida hasta nuevo aviso. El juez Contreras tiene miedo y, en lugar de renunciar y dedicarse a otros menesteres, perjudica tremendamente al país poniendo por delante su temor.

Lo mismo ocurrió, en otro juzgado, el día anterior. La audiencia de prisión preventiva contra el ex comandante de la Policía Raúl Prado Ravines, denunciado por la Fiscalía de Crimen Organizado como uno de los cabecillas del Escuadrón de la Muerte, también fue suspendida. El juez de investigación preparatoria, Ángel Mendívil, adujo que no podía poner en riesgo el derecho de defensa del acusado y pateó su decisión de aplicarle, por lo menos, una prohibición de dejar el país, hasta nuevo aviso.

El juez Mendívil es conocido por fallar a favor de los malos policías: el año pasado dejó en libertad a un mayor que habría vendido a la banda de los peligrosísimos Norteños y Guarayos información de inteligencia sobre los sistemas de seguridad que se usan en bancos y centros comerciales.

La debilidad del juez Mendívil no puede estar por encima de la seguridad de la ciudadanía. Tampoco la indolencia medrosa del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, la que viene postergando el inicio del proceso contra los senderistas reciclados en el Movadef. Peor cuando uno de los responsables de la bomba que estalló en la calle Tarata, hace 26 años, se les acaba de escabullir porque ellos se negaron a mantenerlo en la cárcel mientras duraba su proceso. El 3 de agosto, Migraciones confirmó que el terrorista, Moisés Limaco, alias ‘Ramiro’, salió del Perú rumbo a Francia y sin boleto de retorno.

El Congreso debe darle prioridad a la reforma del sistema de justicia propuesta por el Gobierno. Aprobar el referéndum que permita el cambio en la Constitución para determinar los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, es una urgencia total.

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