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Fritz Du Bois,La opinión del directorLo más alarmante del proceso de revocatoria que está finalizando ha sido la incapacidad de los entes electorales de lograr transparentar el origen de los fondos con los cuales ambas campañas se han financiado.

Incluso los montos involucrados son bien altos. Solo en avisos de televisión, la campaña por el No lleva gastados más de dos millones de dólares. Si a eso le sumamos paneles publicitarios, activistas, mítines, costosos asesores como Favre, su presupuesto final no debe de ser menor de 5 o 6 millones de dólares en cualquier caso. Esa millonada no se recauda con polladas en los vecindarios. Mientras que los del Sí, hasta el día de hoy, tampoco dan información sobre cuánto han gastado ni quiénes son los que han aportado.

En realidad, ante nuestro grave problema con el narcotráfico, el antecedente de que pueda existir financiamiento político sin ser fiscalizado es realmente malo. Basta ver la desastrosa experiencia que tuvo Colombia cuando entró a la política el dinero de la droga para darse cuenta del riesgo que enfrentamos. Más aún, en el último proceso electoral se denunció los extraños vínculos de diversos candidatos –algunos hoy parlamentarios– sin que hasta la fecha los hayan investigado. Es que cuando el aspirante político bajo sospecha es electo adquiere poder en el acto y le da impunidad frente a los funcionarios del Estado. Así que la identificación y control de los fondos para las campañas se tiene que llevar a cabo necesariamente antes de que estas hayan terminado.

Es por ello que llama la atención que los dos bandos en la revocatoria digan tan sueltos de huesos que presentarán la información después del proceso y lo más escandaloso es que sea aceptado por el Jurado. Ante esa laxitud, ya nos imaginamos los pozos que se irán recolectando en las zonas cocaleras para financiar candidatos 'adecuados' en las elecciones regionales del próximo año.