Cuellos ajustados

El cerco se va cerrando alrededor de los así llamados Cuellos Blancos del Puerto. Primero, por la reciente aprobación del Gobierno de España a la extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de esta organización criminal, que el Ministerio Público viene investigando desde hace años; y aunque todavía falta la resolución legal de un pedido de asilo que el prófugo astutamente presentó al llegar a Madrid, todo indica que su obligado retorno al país es ya solo cuestión de tiempo.

En segundo término, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) está a punto de suspender en sus funciones a dos conspicuos personajes a quienes se debe investigar sin ninguna protección pues las pesquisas los sindican como parte de la misma organización, los fiscales supremos titulares Tomás Gálvez y Pedro Chávarry. Tal medida allanaría el camino a una ulterior denuncia. Como se sabe, en febrero último, la JNJ les inició a ambos –así como a otros jueces presuntamente implicados– lo que se conoce como un proceso disciplinario inmediato, que corresponde, según reglamento, cuando hay “evidencia suficiente de conducta irregular o se haya cometido una falta disciplinaria muy grave”.

Asimismo, hace unos días la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó en contra de Gálvez una denuncia constitucional por haber desempeñado el rol de “hombre clave” en la mencionada red de Los Cuellos Blancos. Chávarry, adicionalmente, enfrenta también un proceso penal por la remoción de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, así como la denuncia constitucional –a la que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declaró procedente– por el flagrante deslacrado de oficinas del Ministerio Público y su presunta intrusión en las investigaciones a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Esta vez ninguno de los tres investigados tiene quien los encubra en el Congreso, como ocurría hasta el año pasado. Y en cuanto a Hinostroza, quien dice ser un “perseguido político”, cuando las evidencias acumuladas en su contra son todas relacionadas con delitos de corrupción, conviene que las autoridades locales se pongan las pilas, y cuiden que no se les escape la tortuga, que en España ya reabrieron fronteras.