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Redacción PERÚ21

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Carlos Tapia,Opina.21Para este 20 de marzo, se viene organizando en diferentes regiones del país una marcha nacional, "en defensa de los pequeños mineros contra el Estado que solo favorece a las grandes empresas que se llevan el oro al extranjero". No va a ser cualquier cosa. Según estimaciones existen entre 70 y 100 mil familias en 15 regiones que para subsistir están dedicadas a este duro trabajo, pero que son explotadas por los dueños de los insumos, control de los circuitos de comercialización, adelanto de capital, corrupción de autoridades, etc.

En realidad, son mafias –nacionales y extranjeras– las que cumplen este ilegal "rol empresarial", estimándose en unos 2,500 millones de dólares el valor del oro obtenido. Por eso la financiación de la marcha nacional está asegurada. El entorno social que genera esta industria muchas veces está ligado a la prostitución, explotación de menores, sicariato, etc. En no pocos casos, estas mafias han decidido participar en las elecciones municipales y regionales, apoyando a candidatos afines. Hasta el Movadef ha encontrado un ámbito favorable para avanzar en su actual estrategia.

El objetivo es "pechar" al gobierno y hacerlo retroceder en la interdicción de dragas en los ríos donde extraen el oro, postergar, otra vez, el plazo del 19 de abril para su formalización, un nuevo régimen que favorezca a los ilegales que ocupan terreno de las concesiones habilitadas legalmente (quieren quedarse "legalmente", aunque sean simples invasores).

Es una marcha de ilegales, financiada por las mafias, que se presentan como informales (pequeña producción en lugares no prohibidos). Exigen la renuncia del Comisionado, general Daniel Urresti, encargado de la lucha contra la minería ilegal y del ministro Pulgar.

Se sienten fuertes. Evalúan que el gobierno va a ceder por miedo al desorden social que originaría la marcha.

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