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Redacción PERÚ21

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Carlos Tapia,Opina.21Siendo diputado de Izquierda Unida (IU) en 1986, se me encargó viajar a Ayacucho para apoyar a nuestros candidatos a las alcaldías de la región. Así, nos trasladamos a Huanta y los jefes militares señalaron que no podían garantizar nuestras vidas. Ante la presión de nuestros militantes, nos trasladamos en una larga caminata hacia el distrito de Luricocha, con vivas y hurras, donde la IU había inscrito candidatos.

En el camino se nos cruzaban campesinos que al vernos se santiguaban y hablaban en voz baja en quechua. Le pregunté al diputado Medina, que era de la región, qué estaba pasando y me contestó: "No te asustes, no tiene que ver con nosotros… Es que a la derecha, caminando por una trocha, está el cuartel de Castropampa; los campesinos están rezando por las ánimas de los que fueron llevados allí para interrogarlos".

El oficial S-2 de una unidad militar es el responsable del área de Inteligencia (S1, Personal; S-3, Operaciones; S-4, Logística; S-5 Acciones Civiles); definía a quiénes deberían capturarse o eliminarse por sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso. Nada de esto se hacía sin su consentimiento.

En Ayacucho, durante los años 80, se secuestraban a personas y se llevaban al cuartel para interrogarlas, torturarlas y posteriormente desaparecerlas. Las descubiertas fosas comunes de 109 restos humanos al interior del BIM-51 "Los Cabitos", durante 1983-85, hablan de esto a pesar de las rotundas negativas de los jefes militares de entonces.

En otros casos, cuando se quería generar temor en la población (copiando a Sendero Luminoso), disfrazados de civiles se ajusticiaba a personas públicas que el área de Inteligencia consideraba un estorbo para las operaciones encubiertas.

Entre otros, estos fueron los casos de Hugo Bustíos (1988), periodista de la revista Caretas; de Luis Morales, periodista del Diario de Marka, y la exalcaldesa Leonor Zamora, ambos en 1991.

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