Lo que era casi un secreto a voces entre los especialistas fue confirmado ayer por el propio presidente Martín Vizcarra: el periodo de excepción que dispone el aislamiento social obligatorio, para frenar el avance del (COVID-19) en el país, fue ampliado hasta el domingo 12 de abril próximo.

En su dureza y rigor, se trata de una medida oportuna e indiscutiblemente atinada. No hay muchas vueltas que darle a la decisión, el resguardo de las vidas humanas está por encima de cualquier perjuicio económico –que de hecho acarreará la parálisis de buena parte de la vida productiva y económica en territorio nacional– y, de momento, no hay otra manera de contener la expansión de la pandemia.

Basta echarles una mirada a los estragos que el mal está causando en el mundo para darse cuenta de lo extremas que deben ser las estrategias para combatir la letalidad del patógeno, pese a que algunos gobernantes, por gruesa ignorancia o pensando quién sabe si en proteger la economía de sus naciones, estén arriesgando la vida de sus ciudadanos (México y Brasil, en América Latina, por ejemplo) al minimizar los efectos de la pandemia y dilatar disposiciones sanitarias más que urgentes.

El gobierno peruano, sin embargo, con todo lo acertado de su decisión, debe tener como norte, cuando el virus comience a retroceder y una vez que la emergencia haya terminado, que el aparato productivo del país tiene que ponerse a toda marcha. En ese sentido, es saludable que ya se hayan comenzado a dar, además de las medidas de ayuda social, disposiciones que reflejan el esbozo de una política que alivie las golpeadas finanzas tanto de los ciudadanos como de las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas.

El Poder Ejecutivo tendrá que trabajar, y casi lo mismo el Legislativo, para reactivar juntos una economía colapsada, en un contexto internacional igualmente exangüe. Es lo que el Perú espera de ellos. Mientras tanto, cumplamos nuestro deber como peruanos responsables acatando la extensión de la cuarentena, que esta batalla va para largo.