Crisis en el sector saneamiento

El desastre ambiental que enfrentan las familias de San Juan de Lurigancho, debido a la inundación de aguas servidas, generada por un desperfecto en el sistema de alcantarillado de Sedapal, debería ser suficiente para reabrir el debate sobre si el Estado tiene la capacidad de gestionar el sector saneamiento. Veamos.

La gestión de los servicios de agua potable y desagüe está, en su totalidad, a cargo del sector público. Así, a nivel nacional hay 50 entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), de las cuales 49 son gestionadas por municipalidades y solo una (Sedapal), por el gobierno nacional.

El gran problema es que casi todas estas EPS no tienen la capacidad de generar recursos propios para brindar un mantenimiento adecuado y ampliar periódicamente la red de saneamiento. No por nada, en la actualidad, existen 13 EPS al borde de la bancarrota sometidas al Régimen de Apoyo Transitorio.

Este problema no es reciente, sino que es arrastrado por más de una década. Por ejemplo, la Asociación de Contribuyentes del Perú publicó un balance del sector en donde se expuso que, por problemas de micro-medición y cobros, el nivel de endeudamiento promedio de las EPS pasó de 80% en 2006 a 145% en 2015.

Aquella evidente falta de recursos generó que la mitad de las EPS, hacia finales de 2015, excluyendo a Sedapal, cuente en promedio con (i) una cobertura de agua potable del 79%, (ii) una continuidad de solo 11 horas al día y (iii) un nivel de tratamiento de aguas residuales de 0% (sí, cero).

Por donde se mire, la gestión pública no ha generado resultados positivos en saneamiento. Sin embargo, este es el momento adecuado para que el actual gobierno empiece a reformar el sector.