El costo de oportunidad de la corrupción

Desde que se destapó el caso Lava Jato, la agenda nacional se centró en la lucha anticorrupción, lo cual es justificable si consideramos que varios referentes de nuestra casta política, empezando por los últimos cuatro expresidentes, están involucrados en este escándalo de alguna manera.

Pareciera que nos hemos esforzado en demostrar ser un país inherentemente corrupto, llegando a liderar rankings internacionales de corrupción. Por ejemplo, Perú es el quinto país más corrupto de América del Sur, superando a sus pares subsaharianos, como Burkina Faso, Costa de Marfil y Gambia (CPI, 2018). Por ello, es importante entender los costos que este mal genera al país, no solo para castigar a quienes esquilmaron las arcas del Estado, sino para que nuestra sociedad tome consciencia de esta problemática y se puedan evitar hechos similares en el futuro.

En ese sentido, tomando como referencia las estimaciones de la Defensoría del Pueblo, que sugiere que al año se pierde el 10% del presupuesto público en actos de corrupción, desde el gobierno de Toledo hasta el actual se han perdido S/151,862 millones.

Si ponemos esta cifra en perspectiva, es posible entender lo que hubiera mejorado nuestra calidad de vida, ya que hubiéramos podido construir nueve líneas de metro equivalentes a la Línea 2, aumentar 65 veces el sueldo a docentes, implementar 95 veces el programa Qali Warma, reflotar 539 veces las 48 EPS y construir 726 centros penitenciarios. Es inevitable preguntarse quién es el responsable. Desgraciadamente, todos los peruanos lo somos, ya que solemos elegir al pendenciero de moda en lugar de ciudadanos capaces con trayectoria indiscutible. Claramente, la ausencia de partidos políticos acentúa el problema.