Las cosas no han cambiado. (PikoTamashiro/Perú21)
Las cosas no han cambiado. (PikoTamashiro/Perú21)

Una vez más, las mujeres, respaldadas por la sociedad civil, salen a las calles para manifestar su rechazo absoluto a la violencia de género. Lo hacen porque “las cosas no han cambiado”. Así lo reconoce el nuevo lema de #NiUnaMenos. La fecha no es casual. Cada 25 de noviembre, por iniciativa de la ONU, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Empezar la marcha ante el Palacio de Justicia dice mucho. Ahí, aún habitan rezagos de indiferencia y tolerancia a la agresión.

En lo que va del año, se han registrado 17,000 denuncias de delitos contra la libertad sexual y, según una encuesta del INEI, el 68.2% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista. Ni la primera ministra se salva. Sería mezquino desconocer los esfuerzos de las autoridades por cambiar esta realidad, pero las iniciativas aún son insuficientes para alcanzar cambios estructurales. Porque para cambiar el sistema de justicia hace falta identificar dónde falla.

Hablar de impunidad es hablar también de factores que inhiben las denuncias. Si las víctimas callan, no es solo por el miedo a las represalias de su agresor, sino por la desconfianza y desesperanza de un sistema que aún les da la espalda. El Estado, principal garante de la justicia, muchas veces, termina validando la violencia y revictimizándolas. Porque a diferencia de otros delitos, ahí sí las mujeres siempre asumen la carga de probar: que no incitó, que no provocó, que se resistió, etc.

El problema es que el Estado no es una entelequia. Son personas con culturas, paradigmas, prejuicios que impactan en su rol de operadores de la justicia. Por eso, es importante que policías, fiscales y jueces sean capacitados y sensibilizados de manera permanente. Se necesitan iniciativas del Congreso también. De ese que cobija a congresistas que hablan de “agresores sanos” y de “no exacerbar sus ánimos”, mientras desecha oportunidades de cambio al amparo de una presunta “ideología de género”.

Claro que esto no se soluciona con más leyes si quienes las aplican no saben cómo hacerlo. Aumentar penas y eliminar beneficios penitenciarios siempre es una respuesta tardía a la violencia. Urge un trabajo de prevención, cultura, educación, valores y un enfoque de género capaz de revertir prácticas que minimicen a la mujer solo por su condición de tal. Por nuestro lado, hacia esa dirección caminamos.