Contra la corrupción, pero en serio

En su discurso del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra rememoró la corrupción de los noventa y anunció que desde el Ejecutivo se lideraría la lucha para acabar con ella. Para ello, presentó cuatro proyectos de ley: (i) el retorno al sistema parlamentario bicameral, la no reelección de los congresistas, el financiamiento de los partidos políticos y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Y aupándose en el hartazgo de los ciudadanos por el Congreso y sus miembros, planteó la cuestión de confianza. Aplausos.

Lo que el presidente olvidó decir es que, en realidad, ni el retorno a la bicameralidad, ni la no reelección, ni el financiamiento público de los partidos podrán acabar con la corrupción. Ni tampoco la reforma del CNM por sí sola. Pese a los aplausos.

La corrupción en el Perú es endémica y está en todos los niveles de gobierno. Es cosa de todos los días y la encontramos en todas las actividades que realizamos, sea como personas naturales o jurídicas. Al tramitar licencias, permisos, en el reclamo y la defensa de nuestros derechos, en la búsqueda de la solución de conflictos, en todas las instituciones del Estado. ¿Quién nos defiende del Estado?

Si la misión del Gobierno es seria, y efectivamente se quiere luchar contra la corrupción, pues se debe diseñar para cada uno de los sectores una matriz de riesgos, que identifique los procesos en los cuales exista riesgo de la comisión de los delitos de corrupción, un mecanismo de evaluación y mitigación de dichos riesgos para prevenir los ilícitos.

Pero, además, un sistema de incentivos de denuncias de actos de corrupción que considere: (i) canales y medios claros para canalizar las denuncias recibidas; (ii) mecanismos de protección para el denunciante a fin evitar represalias, (iii) un sistema de premios para el denunciante: un ‘fast-track’ para el proceso del denunciante que dio origen al pedido de coima.

Sin un sistema que proteja a los privados y genere incentivos para la denuncia, nunca lograremos acabar con la corrupción. Y es que esta, al ser endémica, es ya un costo de transacción que muchas empresas asumen para poder sacar adelante sus proyectos. Esa es la realidad.

Cuando se tiene invertido en un proyecto pocos o varios millones de dólares, difícilmente se pondrá en riesgo para denunciar un acto de corrupción si no cuenta con la protección debida.

Para lograrlo, necesitamos funcionarios públicos que conozcan lo que sucede en campo, no sentados en sus escritorios creyendo que viven en la OCDE.