Corrupción y partidos

El 2018 fue llamado el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional, un epíteto ambicioso que surgió de la necesidad de un gobierno débil para formar alianzas y consensos para gobernar y que ni siquiera pudo llegar al cuarto mes del año. El balance de los 365 días nos dejó una realidad distinta, pero bien definida. Partidos políticos que se la jugaron por completo en su intento de socavar las investigaciones contra la corrupción que involucraban a sus líderes, y la acción decidida de un grupo de magistrados (fiscales y jueces) y policías (de Crimen Organizado y de la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Diviac) que no sucumbieron a las presiones en la lucha contra este flagelo.

El caso Odebrecht, la revelación de los audios de la vergüenza y la desarticulación de organizaciones criminales en gobiernos regionales y municipales del país tuvieron consecuencias directas y efectivas para los procesados de cuello blanco y corbata. En ese sentido, fue un buen año, un año en el que la lucha contra la corrupción marcó la pauta y debe mantenerse como bandera de gestión en el país. Claro está, sin descuidar las otras tareas gubernamentales, que son igual de importantes, como la reactivación económica y las reformas políticas y sociales.

Estos hechos muestran que la impunidad sí puede ser jaqueada. Para ello, se necesita de profesionales que no bajen la cabeza ante políticos, empresarios o funcionarios con poder. Y es justamente lo que esta generación de nuevos magistrados y policías nos está dejando.

Sus acciones son aplaudidas y con razón por la población, harta de una corrupción sistémica que afecta mucho al país. En cifras crudas, la Defensoría del Pueblo calcula que este lastre le cuesta al país S/12,974 millones al año.

Paralelamente a este esfuerzo en la lucha contra la corrupción, los peruanos asistimos a una definición de intereses en ciertos grupos congresales. Casi al cierre del año, legisladores del Apra, Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio apoyaron una polémica ley que reducía las penas a los investigados por lavado de activos. Los investigados eran los mismos líderes de esas organizaciones y la imputación la misma para los tres: haber recibido dinero ilegal de empresas brasileñas, como financiamiento de campaña, coimas o para traficar influencias.

Esperemos que 2019 lleve a la reflexión a estos políticos y decidan actuar en favor de la población, no de sus intereses. La ciudadanía lo exige.