(Foto: iStock)
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El COVID-19 ha evidenciado los graves problemas que ocasionan la informalidad y la baja inclusión financiera. El 70% de informalidad laboral y el 60% de adultos sin cuentas bancarias nos han impedido controlar el contagio a pesar de una fuerte cuarentena teórica. La informalidad limitó nuestra lucha contra el virus e impidió que la ayuda del Estado llegue a los más pobres. El bajo acceso al sistema financiero afectó el pago de los bonos y ocasionó aglomeraciones y mayor contagio. De los más de 6.8 millones de bonos aprobados, solo se han entregado 3.2 millones. La falta de bancarización ha impedido llegar a todos con facilidad.

A partir de ayer se permite que se brinde a domicilio una serie de servicios profesionales y técnicos. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para formalizar y bancarizar nuestra economía exigiendo que solo puedan proveer esos servicios los que cuenten con RUC y una cuenta bancaria. Ahora es posible obtener el RUC y abrir cuentas bancarias de forma digital, así que no hay motivo para no imponer esta exigencia.

Se podría emitir un decreto que obligue a esos servidores a obtener un pase profesional para poder desplazarse que solo se otorga a los que presentan su número de RUC y de cuenta en una entidad financiera. Esto solo funcionará si todos los que contratamos esos servicios nos negamos a pagarlos en efectivo, como muchas veces nos vemos obligados a hacer al recibir la típica respuesta “no tengo cuenta”. Como sociedad, debemos ponernos firmes para acelerar la formalización e inclusión financiera, que ojalá también reciba el apoyo del Ejecutivo y de los dirigentes políticos. Conocemos los altos costos sociales de seguir aceptando la cultura combi. Aprovechemos para sacar algo bueno de esta pandemia.


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