El Ejecutivo y el Legislativo se han enfrascado en una lucha por ganar el clamor de la población, ante lo cual se han dedicado a plantear propuestas que, si bien son muy populares, carecen de sustento técnico. Tal es el caso de la iniciativa sugerida por Zevallos, para “sancionar la especulación en el precio de los medicamentos”, o las del Congreso, para garantizar “precios justos” de medicamentos durante la cuarenta.

El problema con esto es que el “control de precios” es una política tan antigua como la civilización misma, existiendo registros de su aplicación en el antiguo Egipto (ver “4,000 años de controles de precios y salarios”, de Butler), pero que en todo ese tiempo jamás generó los resultados deseados: eliminar la inflación y la escasez. De hecho, sucedió todo lo contrario, causando la desaparición en los mercados de los bienes regulados.

Es pertinente que las autoridades pretendan garantizar la disponibilidad de medicamentos a la población en el marco de una emergencia sanitaria, pero sería apropiado que las propuestas solucionen el problema y no lo agraven.

Por ejemplo, en lugar de regular el canal privado, el Ejecutivo podría concentrarse en incrementar la oferta pública de medicinas en las instituciones bajo su cargo, para lo cual sería ideal ejecutar con mayor celeridad el presupuesto destinado a adquirir medicamentos, el mismo que asciende a S/470 millones, pero del cual hasta ayer apenas se había ejecutado el 17.7% (MEF).

Encargarle a un funcionario definir “precios justos”, sin antes haber intentado incrementar la oferta pública, teniendo los recursos y mecanismos para hacerlo, es un remedio que resultará peor que la enfermedad.