El 3 de abril la Policía Nacional capturó a Ricardo Isuiza López (22), quien había violado y asesinado a una menor de 14 años, en Huánuco; este terminó por confesar su crimen en plena cuarentena decretada por el gobierno a causa de la pandemia del COVID-19. Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, informó que durante la cuarentena se habían producido más de 40 violaciones a nivel nacional.

Reportes oficiales aseguran que la violencia psicológica y física se ha incrementado exponencialmente, tanto en hogares peruanos como de migrantes venezolanos y se produjo un alto nivel de retiros voluntarios del hogar en ambos casos.

Sin embargo, con entusiasmo (que no comparto), el gobierno ha manifestado que la cuarentena ha permitido una reducción drástica del 83% del crimen en todas sus modalidades. Si bien la estadística es correcta, se trata de la fotografía de fantasía solo de este momento. Y es previsible que después del aislamiento social, el embalse criminal genere una gran ola de delitos.

No debe incentivarse la actitud vigilante de los ciudadanos ya que es contraproducente en el corto, mediano y largo plazo, porque la sensación de calma alimentada con estadísticas cargadas de entusiasmo resta la actitud de denuncia, afecta la percepción sobre el criminal, relaja las medidas de seguridad y adormece las estrategias ciudadanas ya sea que estén organizadas o no.

El 26 de abril está a la vuelta de la esquina y los criminales lo saben. No tardarán mucho tiempo para salir de sus guaridas en búsqueda de sus víctimas cotidianas, como son las amas de casa, los estudiantes y trabajadores, a quienes no dudarán en quitarles la vida si fuera necesario para el logro de sus objetivos.

Por eso, es imperativo que el Ministerio de Interior y su sistema de inteligencia hagan estimados realistas del impacto de la criminalidad, y la Policía Nacional tenga planes estratégicos claros, agresivos e inteligentes para contrarrestar la arremetida criminal que se nos viene.

¡Sí se puede!


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