Tuvieron que pasar largos meses de explosiva inseguridad, tanto en zonas urbanas como rurales, para que la presidenta de la República por fin decidiera convocar a una sesión especial del Consejo de Estado para tratar el tema de la seguridad ciudadana.
Las cifras y el registro de los hechos son ya de por sí aterradores, especialmente porque no dejan de aumentar. Las autoridades no logran hasta ahora avances significativos en la lucha contra el crimen organizado y las extorsiones se extienden como un cáncer por todos los rincones del país, afectando a emprendimientos, pequeños comercios, negocios formales y hasta a grandes empresas. Una crecida que, desde luego, deja a su paso un reguero de víctimas de sangre, daños a la propiedad y descontrolada violencia callejera.
La convocatoria llega tarde, pero es importante que finalmente se lleve a cabo, lo cual, por lo pronto, constituye un triunfo de la presión social y el clamor de los gremios de trabajadores y empresarios. Se ha hecho lo que los especialistas en el tema ponían en el primer lugar de las prioridades para poder diseñar una estrategia eficaz en favor de la seguridad ciudadana.
Uno de los acuerdos a los que se llegó en la primera sesión, según indicó Boluarte, fue crear un marco legal que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las FF.AA. hacer uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones y que sus integrantes –en el contexto de esta lucha contra la delincuencia– solo sean juzgados en el fuero militar o policial.
Es un primer paso, pero no el único ni el más importante. Esperemos que estos cónclaves continúen realizándose para decidir medidas y acciones concretas.
El siguiente debería ser cambiar a los responsables de enfrentar a la criminalidad en el país, a saber, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya incompetencia en estas tareas es manifiesta.
Se dice que no es momento de abordar esta grave problemática por la inminencia de APEC. Pero que la cumbre esté a la vuelta de la esquina no es pretexto para que el Ejecutivo siga eludiendo el tema. Ya ha cobrado carácter de urgencia el recambio en esa cartera y en la comandancia general de la Policía.
Una cúpula que, para empezar, ni siquiera ha podido echarle el guante al prófugo más público del país y por el que se paga una recompensa de medio millón de soles: Vladimir Cerrón.