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La semana pasada, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización prepublicó los “ejes para impulsar la competitividad y productividad”. El documento recopila diagnósticos y sugerencias para mejorar las ocho áreas menos competitivas y servirá como hoja de ruta al Gobierno.
La publicación contiene aciertos en políticas públicas y hasta una que otra sorpresa. Por ejemplo, una está ligada a los cambios necesarios para reducir la informalidad laboral. El CNCF demostró tenerla clarísima en su diagnóstico.
En el informe, se reconoce que la excesiva reglamentación del mercado laboral explica en gran medida que el 72% de ciudadanos de la PEA ocupada (casi 12 millones) se desarrolle en la informalidad, trabajando sin protección social ni aportando al Estado.
Sin embargo, para asegurar el cumplimiento de la regulación laboral, es necesario que la estrategia de fiscalización se centre en segmentos con mayor informalidad. Es decir, en las microempresas, que significan el 95% de los negocios locales y son principalmente informales. Lamentablemente, desde 2013, la Sunafil se centró en fiscalizar empresas formales.
Lo sorprendente es que las recomendaciones se dan mientras tenemos a un ministro de Trabajo desconectado de la realidad que cree que la informalidad es un problema de la descoordinación entre los viceministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y no –como lo señala Miguel Jaramillo– de una inmanejable regulación para las pequeñas y medianas empresas (ver entrevista EC 22/4/2018).
En facilito, ministro, en vez de buscar soluciones burocráticas, recuerde que “la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal superan los beneficios que ello conlleva” (BCRP).
