El otorgamiento de 150 galones de gasolina al mes y la contratación de un asistente –léase: un mayordomo– para el expresidente Alberto Fujimori, que Perú21 denunció el último lunes, sigue generando críticas e indignación ciudadana.

Una indignación que, lejos de limitarse a enconos políticos, alcanza a diversos sectores de la sociedad, hartos de la arbitrariedad con que el Congreso de la República reparte beneficios, no solo para los propios parlamentarios, sino para sus allegados más notorios.

En el caso de Fujimori –que hasta el día de hoy no ha pagado ni un sol de la reparación civil que le tocó– conviene recordar que no ha sido amnistiado, sino indultado: si salió en libertad sin terminar de cumplir la pena de cárcel que recibió fue por un tema netamente humanitario, pues su salud supuestamente estaba muy resquebrajada.

Sin embargo, como siempre sucede, nadie pone el cascabel al gato y plantea una revisión seria de estas dádivas –financiadas con el dinero de todos los peruanos– producto, la mayoría, de las oscuras alianzas políticas a que este Congreso nos tiene acostumbrados.

Desde las jugosas pensiones que reciben decenas de personajes que alguna vez ocuparon una curul hasta expresidentes de dudosa o reprobable trayectoria: unos a punto de ser sentenciados por haber recibido millonarias coimas, otros que pretenden cobrar por haberse colocado la banda por solo cinco días y violaciones a los derechos humanos.

Con semejantes antecedentes, no podía faltar en la cola el hombre del lápiz, detenido por corrupto y golpista, que se avivó e hizo también su respectivo reclamo de emolumentos pendientes.

La lista es tan grande como la desvergüenza de estos funcionarios, que pese a haber deshonrado el alto cargo al que accedieron se las arreglan todavía para gozar de privilegios que únicamente las componendas políticas en el hemiciclo pueden explicar. Lo preocupante, empero, es que la planilla activa del Poder Legislativo crece y crece sin freno alguno, casi al mismo ritmo que las gollerías que se autoconceden un mes sí y otro también: bonificaciones, aumentos, aguinaldos, viáticos injustificados, asesores, portapliegos, buffet cinco estrellas y similares.

No es un secreto para nadie el total descrédito en que se encuentra la institución parlamentaria en el país, pero si creen que al abusar del presupuesto público no están dañando nuestra democracia, están muy equivocados.

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