Sobre esos Congresos de antaño, que hoy nos dan una envidia malsana, Serafina Quinteras se burló componiendo Parlamanías, que cantaban el carreta Jorge Pérez y Lucho Garland, sobre cómo ofrecían lo inverosímil y lo literalmente imposible: las corvinas sobre las olas, nadarán fritas con su limón. Demagogia en LSD. Es verdad que antes había más finura y nivel, pero la tendencia a ofrecer sin hacer el mínimo esfuerzo de averiguar qué se puede y qué no, viene desde antes, como esta canción evidencia.
En modo parlamaníático, por ejemplo, podría proponerse que todos los restaurantes permitan corcho libre gratuito, porque el costo del vino y licores resulta muy caro. Resultado: los clientes ya no comprarán trago sino vendrán con sus botellas, y los restaurantes para compensar la pérdida aumentarán el precio de los platos que ofrecen. Resultado final: se perjudica el que no toma trago por el que sí toma trago.
O que las peluquerías incluyan el servicio de secado de pelo en el corte, con lo cual el corte subirá para compensar lo que ya no se puede cobrar a quien antes lo pagaba como un servicio aparte. Todos los casos en que una norma (sea cual fuera su jerarquía) pretende obligar al mercado a comportarse de una determinada manera, olvidan que la gente reacciona frente a cualquier regulación como mejor le conviene a sus intereses. Es como jugar billar alucinando que sólo existen la bola que uno va a golpear con el taco y la bola a la que se quiere impactar, pero además de esas dos, inicialmente hay 20 más, que van a interactuar y modificar el comportamiento de todas las bolas con las que entren en contacto. Jugar billar asumiendo que hay 20 bolas menos es un absurdo. Más aún es pensar que millones de personas no harán lo que mejor les sirva en función de una nueva norma.
Justamente para que eso se evaluara se estableció que cada proyecto de ley debía tener un análisis costo-beneficio, y fue una ingenuidad pensar que los congresistas no iban a incumplir esa obligación de manera descarada: “el proyecto de ley tendrá muchos beneficios y ningún costo”, más o menos es lo que todo proyecto de ley dice. Un saludo a la bandera debiera ser algo respetuoso, la misma expresión revela el cinismo que tenemos respecto a cumplir procedimientos respetando a fondo la razón por la que se impusieron.
Pero todo esto puede cambiar ahora que el propio Congreso acaba de reconocer la necesidad de que se aproveche la inteligencia artificial y sólo cabría esperar que empiecen por casa, como bien ha señalado Maite Vizcarra ayer en El Comercio. Que pasen todos sus proyectos de ley por ChatGPT o similares softwares, a ver qué nos dicen sobre sus beneficios y costos. Podrían, además, reducir la secreción de bilis a nivel nacional, si pasan el texto de sus intervenciones en las comisiones y el pleno para mejorarlas mediante la IA.
Ellos han reconocido el potencial que tiene la IA para mejorar la gestión pública, queda dar el ejemplo, beneficiándose el Congreso mismo de las contribuciones que las distintas herramientas de inteligencia artificial podrían aportar al debate, elaboración de normas y otras decisiones del Congreso. Por ejemplo, podría preguntarse si tiene sentido que la inmunidad parlamentaria se aplique a un caso de acusación de violación por una de las trabajadoras del staff del congresista en las oficinas del Congreso, como si eso fuera parte de la función congresal. Sin duda, aportaría mucho a la casi subterránea aprobación del Congreso si es que, en un inesperado ejercicio de coherencia, actúan en concordancia con lo que plantean. Si ocurre, habría que convocar a los mejores compositores del momento a rehacer ParlamanÍAs, a contar como la inteligencia artificial nos ayudó a resolver la abundancia de insensatez y desatino humano que han caracterizado mucho de la función parlamentaria en este último período.
