Un régimen de excepción como el estado de emergencia no implica una ruptura de la democracia, así que en buena hora que el nuevo Congreso se instale y se conecte con la coyuntura, pero no tiene por qué hacerlo juntando a todos sus miembros en el hemiciclo. No necesitamos 130 personas –además del equipo administrativo y asesores– reunidas en un lugar cerrado cuando cualquier discusión y votación la pueden tener de forma virtual. Existen varios programas y plataformas, a costos bastante accesibles, para hacerlo. En Chile y Ecuador ya implementaron las sesiones virtuales, así que solo se trata de tener ganas para hacerlo. Si se van a reunir hoy, que sea para aprobar una solución digital y luego salgan todos disparados para sus casas. No solo por su seguridad y la de todos, también por el ejemplo que deben dar.

Dicho eso, el nuevo Congreso tiene que reconocer que no podrá responder con la velocidad que el gobierno necesita cuando muchos de los recién juramentados ni conocen la mecánica legislativa. No podemos costear su curva de aprendizaje y no es momento para que comiencen a tomar medidas populistas y atarantadas, así que lo mejor es que el nuevo Congreso delegue todas las facultades legislativas que el Ejecutivo necesite para atender la actual emergencia sanitaria y económica. Las normas van a necesitar precisión y ser parte de una estrategia integral. Para que la gestión de los recursos sea eficiente, necesitamos una sola cabeza y no disparos perdidos. La buena noticia es que el presidente del Congreso, Manuel Merino, y algunas bancadas han mostrado buena disposición, así que confiemos en que no la harán larga.

Este no debe ser el escenario que los nuevos legisladores habrían querido, pero es el que les ha tocado y sobre eso tienen que actuar. Así que deleguen nomás.