Mientras el COVID-19 sigue coleteando –ya van diez infectados– entre sus filas, el Congreso de la República se las arregló para modificar la norma que regula la intangibilidad electoral, con lo que podrá hacer los cambios que crea convenientes en las reglas del juego, incluso después de que el presidente Martín Vizcarra convoque a comicios generales en julio de 2020.
Un tema sobre el que, como diría Sancho Panza, habrá que tener un ojo atento y el otro también, pues nadie debe pasar por alto que el proyecto, aprobado entre gallos y toque de queda, presentado por el parlamentario Luis Roel, contenía inicialmente un significativo acápite en el último párrafo de la tercera disposición complementaria transitoria, que vale la pena citar en su integridad: “(…) se suspende la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021, incluyendo el proceso de elecciones primarias hasta que se agote el plazo de 6 meses dados en la presente disposición. La presente suspensión es de obligatorio cumplimiento para los órganos electorales y demás poderes del Estado”.
El apartado fue finalmente suprimido, pero es transparente como el agua, y puede que describa las ambiciones de cierto sector de congresistas dispuestos a jugársela con tal de mantenerse en un cargo cuyo mandato, a estas alturas de la pandemia, ya se les debe estar haciendo asaz y breve. Quién sabe si para paliar este paso tan fugaz por el Poder Legislativo algunos padres de la patria estén pergeñando cómo alargar su temporada en la Plaza Bolívar. Incluso en la Mesa Directiva hay quienes han aceptado esa “posibilidad”, pese a que declaran a los cuatro vientos que harán todo lo posible para que se cumpla el cronograma electoral.
A estos señores habrá que recordarles que los estragos que está dejando la pandemia de momento no justifican ninguna postergación de las elecciones presidenciales de 2021, potestad además que solo le corresponde al presidente de la República, quien, hasta donde sabemos, no se cansa de repetir que se respetará escrupulosamente el calendario electoral. Y, sobra decirlo, es lo que la ciudadanía espera.