Juan José Garrido,La opinión del directorEl miércoles, consultado sobre el caso Interoil y la participación del ministro Mayorga, el presidente Humala negó tajantemente algún potencial conflicto de interés. "El ministro está aclarando el tema. Yo confío en que él lo seguirá haciendo. Creo que debemos escucharlo. No he visto un conflicto de intereses", sostuvo.
¿Exactamente qué entiende el mandatario –y para tal caso el Gobierno Peruano– por conflicto de interés? Esta pregunta nos lleva a evaluar si, efectivamente, podría existir dicho conflicto en este caso, no desde el punto de vista personal, sino en sentido estricto.
Tal vez la mejor definición local la encontremos en un documento publicado por el Banco Central sobre el tema. Óscar Zaldívar, en Conflicto de intereses, sostiene que el mismo se presenta "en cualquier situación en que un interés interfiere o puede interferir con la capacidad de una persona, organización o institución para actuar de acuerdo con el interés de otra parte, siempre que aquella persona, organización o institución tenga la obligación (legal, convencional, fiduciaria o ética) de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte".
Suena complicado, ¿verdad? Para esclarecer aún más el significado, Zaldívar continúa: "Surge cuando una persona, como funcionario o empleado de una organización o institución, es influenciado por consideraciones personales (e incluso institucionales) al realizar su trabajo. Por ello, existe (o puede existir) conflicto de intereses cuando en el ejercicio de las labores dentro de una organización o institución sobreviene (o puede sobrevenir) una contraposición entre los intereses propios y los de la institución".
Lo primero a descubrir es que el conflicto puede ser potencial o de facto; esto es, existe no solo cuando el servidor público cae en un conflicto, sino también cuando podría caer en él. Sumamente subjetivo, si me preguntan, pero sirve como paraguas para no caer en dudas. Sea potencial, de facto o ficticio, lo mejor es curarse en salud, según el ente emisor.
Lo segundo a acentuar es acerca de la persona que incurre y los beneficiados; esto es, sea para servirse o servir a terceros. En resumen, no importa si no te beneficias directamente; basta con que sirvas a terceros con los cuales, por alguna relación directa o indirecta, el acto pueda afectar la "objetividad o independencia de juicio".
Finalmente, cabe revisar si es o no un conflicto incluso cuando la decisión es la mejor para la organización. Según Zaldívar, aun cuando la decisión sea la correcta, la reputación de la organización puede ser dañada. Para aclarar en mayor grado, el documento plantea preguntas; la quinta ellas dice: "¿Soy miembro de alguna organización o tengo vínculos o afiliaciones particulares con organizaciones o individuos que ganen o pierdan como resultado de la consideración de la organización sobre el asunto?".
Guiados por estas premisas y cuestiones, lo primero que salta a la vista es que, en efecto, no fue una buena decisión del ministro Mayorga intervenir en el caso Interoil. Conocí al actual ministro Mayorga en el programa Rumbo Económico que transmite Canal N. Lo considero una persona honesta y un técnico de primera, al igual que los miembros del estudio en el cual trabajó a su retorno del Banco Mundial.
Sin embargo, aceptar el cargo de ministro de Estado en el despacho donde actuó como consultor de diversas empresas ligadas al sector produciría, casi de manera inevitable, estar a un lado del tablero habiendo actuado como consejero o consultor de empresas que están al otro lado de la mesa. ¿Dónde empieza y dónde termina el interés personal o de terceros? Difícil decirlo. Y por ello es que, a la luz de los hechos, si no se produjo de facto, es difícil descartar el potencial.
Perupetro y el Gobierno han sostenido que la ampliación era una decisión tomada antes del ingreso del ministro Mayorga; si fue así, era más sencillo mantenerse al margen del caso. Sostienen, asimismo, que la ampliación con Interoil era la mejor alternativa para el Estado. Eso puede ser cierto, como puede no serlo: durante el año previo al fallo la empresa pudo discernir escenarios distintos, y con mayor razón si existían al menos dos informes que recomendaban no firmar con la empresa en cuestión (aquellos realizados por los abogados Rosario Fernández y Mario Castillo). Finalmente, la rapidez con la que actuaron todos, empresa y Estado, llama a mayores dudas.
Si se produjo o no un conflicto de interés, es algo que deberán dilucidar las autoridades competentes. El papel de la prensa no es juzgar, sino informar y transmitir las preocupaciones de los actores y de la opinión pública. No es, como sostienen, un tema político; es, en todo caso, uno institucional.