El actual Congreso de la República no será recordado, precisamente, por sus valiosos servicios al país. Con contadas excepciones, hablamos de un contingente parlamentario que ha legislado mayormente en favor de intereses particulares y a menudo en flagrante perjuicio del futuro de los peruanos.
Eso, sin entrar a mencionar la cantidad de escándalos y de denuncias de actividades dolosas que han acumulado en estos últimos cuatro años. No es casual, entonces, que la imagen de la institución esté por los suelos, con cifras de aprobación ciudadana igual de paupérrimas como las que registra el Gobierno.
Y por si esto no fuera suficiente, a menos de un año de dejar sus curules, estos señores siguen adelante con sus desvergonzadas artimañas políticas y maniobras bajo la mesa. Como informó Perú21, llegan a 41 las denuncias que se encuentran congeladas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una demora que, si nos atenemos a determinados casos, cuenta prácticamente como otro blindaje más de los tantos que se han montado en el hemiciclo de la Plaza Bolívar.
Se trata de denuncias realizadas por el Ministerio Público, que, como los propios fiscales han hecho saber, si continúan ahí “encajonadas” y no llegan al Pleno para ser votadas, quedarán sin efecto. Es decir, los funcionarios denunciados se librarán de ser suspendidos del ejercicio de la función pública, incluso si hubiere pruebas en su contra. Y de esa forma tendrán el camino libre para postular nuevamente a cargos de elección popular o asumir puestos en el Ejecutivo o en el aparato estatal. No olvidemos que el cierre de inscripciones para postular al Congreso –cámaras de Diputados y de Senadores– vence el 23 de diciembre de este año.
Así las cosas, incluso el golpista Pedro Castillo –con tres denuncias constitucionales pendientes y otras dos en trámite– podría darse el lujo de postular en las próximas elecciones desde su prisión en el fundo Barbadillo.
Lo mismo ocurre con otros personajes de nefasto paso por los poderes del Estado que podrían quedar expeditos para ser elegidos nuevamente a cargos públicos. Un baldón adicional en un contingente parlamentario que ningún peruano de bien echará de menos cuando, el próximo año, culmine su mandato.
