El fiscal Germán Juárez investiga a Martín Vizcarra. (GEC)
El fiscal Germán Juárez investiga a Martín Vizcarra. (GEC)

Si de algo podemos estar orgullosos los peruanos, es del profesionalismo y la honestidad de los fiscales que, en los últimos años, se han venido enfrentando a la corrupción en todas las esferas de poder en el país, incluyendo el propio Ministerio Público, donde organizaciones criminales como la de Los Cuellos Blancos del Puerto lograron enquistarse en el más alto nivel.

Algún día la democracia peruana tendrá que honrar la valentía de estos hombres y mujeres de ley que, enfrentando poderosos intereses, le han hecho un servicio invalorable al país, que los historiadores del futuro, sin duda, reconocerán en su exacta magnitud. La sola enumeración de casos como Lava Jato, Odebrecht, Club de la Construcción, Gasoducto Sur y similares evocará uno de los períodos más oscuros de nuestra clase política y empresarial, pero serán también asociados a un momento estelar en la administración de justicia en el Perú, tan venida a menos, en cuanto a credibilidad ciudadana, antes de que todas estas investigaciones se iniciaran.

Dicho lo cual, no podemos sino lamentar la pobre imagen que hoy está dando la Fiscalía con sus disputas internas sobre qué oficina debería hacerse cargo de investigar los presuntos sobornos que, según testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, habría recibido el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El enfrentamiento entre el equipo especial Lava Jato y la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser resuelto de inmediato, ya que una doble investigación –aparte del estupor ciudadano que ya está causando– pondría en riesgo también la labor de la defensa del Estado. Los primeros sostienen que le corresponde hacerlo a Germán Juárez, ya que fue él quien obtuvo las declaraciones incriminadoras. En la Fiscalía Anticorrupción, en cambio, alegan que la pesquisa debe pasar a manos de Elmer Chirre, ya que así lo dispuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En todo caso, si no es la doctora Ávalos quien debería tener la última palabra, lo cierto es que este insólito conflicto de competencias jurisdiccionales, de momento, solo está jugando en contra del país y su sistema de justicia.