(GEC)
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Las entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, tienen problemas de capacidad de gasto de los recursos públicos de inversión orientados al cierre de brechas sociales y de infraestructura para el bienestar de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo ha emitido varios Decretos de Urgencia para dinamizar el gasto de inversión pública. Esperemos que los congresistas que elijamos mañana colaboren con ese propósito y que nosotros aportemos a ello a través de un voto responsable, dirigido a candidatos serios que aporten al país.

Según el MEF, hoy podemos financiar presupuestos de inversión de hasta S/50 mil millones por año. Sin embargo, nuestra capacidad de gasto se mantiene en alrededor de S/30 mil millones, desde 2013. No solo no se gasta todo lo planeado, sino que no se gasta bien. Se ejecutan muchos proyectos pequeños que no buscan mejorar el acceso de la gente a servicios públicos de calidad y no cierran brechas. Según el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC), la brecha de infraestructura de largo plazo asciende a S/363 mil millones.

Durante la gerencia de los proyectos de inversión pública, se cometen muchos errores u omisiones, tanto involuntarios como por negligencia. Existen muchas demoras porque los funcionarios no quieren firmar, por miedo a la Contraloría. También sobrevienen problemas de coordinación internos y entre entidades. El resultado de esto son recursos desperdiciados, obras paralizadas, y las concluidas, se tardan en prestar servicios a los ciudadanos. Según la Contraloría, a julio de 2018, el gobierno nacional y las regiones tenían 867 obras paralizadas por S/16.9 mil millones.

Los proyectos se pueden paralizar porque no cuentan con terrenos saneados, porque otras entidades públicas no liberan las interferencias a tiempo, porque la ingeniería de detalle está incompleta o porque posee incompatibilidades y vicios ocultos. Si los contratistas reclaman mayores trabajos o ampliaciones de plazo, los funcionarios públicos se niegan a autorizarlos y ambas partes adoptan una actitud de rivales. En lugar de priorizar el resultado, discuten formalismos y culpas. Y las disputas se judicializan o se resuelven en arbitrajes que, según la Contraloría, en el 70% de los casos los pierde el Estado.

La causa de esto radica en que muchas entidades públicas, la mayoría municipios o regiones, no cuentan con los todos recursos, ni las capacidades necesarias para hacer frente a la tarea. No tienen la cantidad profesionales idóneos para atender la carga operativa, y si los tienen, rotan con frecuencia. Carecen de procesos simples y optimizados. ¿La consecuencia? Mucha gente insatisfecha demandando una mayor presencia del Estado en la provisión de más y mejores bienes y servicios públicos de calidad.

¿Qué hacer? Un primer paso es el que ha dado el MEF al potenciar el sistema de seguimiento semanal del gasto de inversión. Este identifica si las entidades podrán ejecutar o no, y por qué, los recursos en el presupuesto. Si bien esto es necesario, no será suficiente para acelerar la ejecución del gasto de calidad. En línea con lo regulado por el DU 021-2020, mi recomendación sería constituir uno o varios Proyectos Especiales (PE) y contratar a un PMO (gerente de proyectos), como el de los Juegos Panamericanos, para que asista al personal del PE en las funciones relacionadas con la gestión de inversiones de proyectos.

El PE y su PMO podrían brindar servicios de asistencia a las regiones y municipios en la elaboración de sus planes, programas y presupuestos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Luego, formularían y tramitarían la aprobación de los estudios de pre-inversión. Además, se harían cargo de los concursos públicos para la contratación de las empresas responsables de elaborar la ingeniería de detalle (EDI) y las obras. Seguidamente, supervisaría la ejecución la obra hasta la recepción y liquidación del proyecto y su funcionamiento.

Tanto el PE como el PMO podrán encargarse de todas las modalidades de contratación permitidas por la ley, incluyendo las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas (APP). Además, según el DU 021-2020, se les permitirá el empleo de los contratos estándares de uso internacional, como el NEC (New Engineering Contracts). Este último destacó en los Juegos Panamericanos porque cuenta con incentivos y mecanismos para que las partes actúen de manera colaborativa y se alineen en un objetivo: poner el proyecto cuanto antes y al mejor costo-beneficio al servicio de la gente.

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