Rosa Bartra sustenta el informe final de la comisión Lava Jato (Rolly Reyna/USI)
Rosa Bartra sustenta el informe final de la comisión Lava Jato (Rolly Reyna/USI)

En tiempos de mentiras que se ofrecen como “verdades alternativas” y de fake news, brotan en el Perú activistas políticos disfrazados de comunicadores, capaces de construir enunciados írritos, malévolos cuando no falsos.

Que no compartan la misma realidad que vivimos los demás no invalida los hechos que la prensa peruana recoge a diario para informar y empoderar a los ciudadanos.

Esta semana, por ejemplo, se debatió en el Congreso el informe final de la comisión Lava Jato. Un informe que nació desnaturalizado porque su liderazgo fue encargado a una dirigente de Fuerza Popular, un partido político comprendido en la mismísima corrupción del caso Lava Jato.

A través de las redes sociales, activistas vinculados a Fuerza Popular y el Apra se desgañitaron acusando a la prensa, y a este diario, de hipócrita y abyecto por no transmitir, en vivo, la exposición del documento presentado por Rosa Bartra.

Se rasgaron las vestiduras, insultaron y agraviaron, en nombre del supuesto carácter histórico de una investigación congresal parcializada, que sufrió bajas y renuncias y fue usada políticamente por la mayoría parlamentaria. En su delirio, llegaron a decir que las autoridades y los ciudadanos que cuestionamos la presencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación por su vinculación con el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto tememos el resultado de las investigaciones que el Ministerio Público iniciará a partir de lo entregado por la congresista Bartra.

Como si el equipo especial de la Fiscalía, liderado por el fiscal Rafael Vela e integrado por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche y otros, no estuvieran investigando los tentáculos del caso Lava Jato en el Perú hace 23 meses.

Como si los fiscales a cargo de estas investigaciones no hubieran abierto 32 carpetas fiscales para ubicar a los responsables de los latrocinios que se ejecutaron contra el Estado peruano entre 2001 y 2016; para determinar las faltas penales cometidas por las constructoras brasileñas y sus consorciadas en el Perú y el lavado de activos en el que habrían incurrido políticos y partidos que recibieron dádivas y donaciones millonarias de esas empresas corruptoras.

Como si en los últimos 18 meses la opinión pública peruana no hubiera visto desfilar, por el tránsito de la prisión preventiva, a los políticos Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, a los empresarios José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet, Fernando Castillo y otros, todos en el marco de la investigación Lava Jato.

No es cierto, entonces, que sancionar la corrupción del caso Lava Jato dependa de Bartra y Chávarry; al contrario, muchos de estos casos se investigan en la actualidad a pesar de Chávarry.

Como tampoco es cierto que la versión de Bartra no fuera transmitida en televisión nacional. TV Perú, canal 7, transmitió la sustentación y el debate durante casi 3 días. Y los congresistas de Fuerza Popular y el Apra son invitados a la radio, los canales de televisión abierta y cerrada, y consultados en la prensa escrita permanentemente, a pesar de que su aprobación está por los suelos y la mayoría de la opinión pública los rechaza.

La campaña contra los medios, que se inició con la inconstitucional ley Mulder, continúa a través de activistas políticos disfrazados de comunicadores y troles maledicentes y mentirosos.