La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que se tumba la meritocracia y la modernización del Estado peruano. El proyecto es un intento más de la izquierda para institucionalizar los nombramientos por simpatías políticas o intereses clientelistas.
El autor del proyecto es nada menos que el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, Waldemar, quien aseguró que su iniciativa busca “garantizar la protección de los derechos laborales adquiridos y reconocidos a favor de los trabajadores estatales”. Además, acusó a la actual ley (Servir) de ocasionar “despidos masivos bajo el manto escondido del término desvinculación del servidor público”.
Irónicamente, después de despotricar durante años contra la actual Constitución porque según él resulta perjudicial para los trabajadores, Cerrón afirmó que los supuestos efectos negativos de la actual ley son “contrarios a la Constitución”.
Sin embargo, y para nadie es un secreto, lo que realmente busca el proyecto de ley de Perú Libre es ampliarle el camino al “tarjetazo”, aquella sucia fórmula de vinculación y pago de favores que usan los políticos populistas para congraciarse con sus allegados. Todos sabemos que la utilizan también para satisfacer demandas de gremios sindicales adictos y para asegurar espacios de penetración. El problema es que lo hacen a costa de la meritocracia en el servicio público, de la calidad de los funcionarios que sirven a la gran mayoría de peruanos.
No es gratuita la cantidad de funcionarios que se niegan hoy a ser evaluados, que se sienten intocables, aunque no cumplan con su función. Finalmente, los políticos populistas les garantizan que no serán apartados de sus cargos. Si este despropósito prosperara, volveríamos a situaciones que solían ocurrir en la década de 1980, cuando los servidores públicos eran nombrados a dedo, por afinidad política o intereses sindicales, cualquier cosa antes del profesionalismo y el mérito.
La norma Cerrón contemplaría, además, la eliminación del Tribunal del Servicio Civil, lo que impediría que los malos trabajadores del Estado sean sancionados. Es decir, se fomentaría un reino de impunidad manejado por los más mediocres funcionarios. Entre tanto, los principales perjudicados serán los ciudadanos, quienes sufrirán la degradación del aparato estatal.
Servir ha alertado lo perjudicial que resultaría la aprobación del dictamen Cerrón. No solo implicaría un retroceso en los logros obtenidos en los últimos años en cuanto a modernización del Estado y competitividad; sino que además perjudicaría gravemente el ingreso del Perú a la OCDE, importante foro de cooperación internacional.
El Pleno del Congreso tendrá la última palabra. Sobre los actuales 130 parlamentarios recaerá la responsabilidad de que el aparato estatal funcione a partir de reglas meritocráticas o simplemente se hunda en la mediocridad.
