El mensaje a la nación que brindó el presidente Martín Vizcarra el domingo, estuvo nutrido de una buena dosis de optimismo y a la misma vez de incertidumbre.

Las iniciativas económicas que dio a conocer, parecían confirmar que el Gobierno perfilaba proyectos de inversión y de reformas que ayudarían a sobrellevar los últimos años de su mandato.

Sin embargo, al revelar el presidente la propuesta para adelantar las elecciones al 2020, todo lo que previamente había desmenuzado se vio inmediatamente eclipsado por una sombra de desconfianza, lo que marchitó las buenas intenciones de dinamización económica.

Entre las iniciativas que estrenó, la más destacada —debido a su relevancia política— fue la de proponer una nueva Ley General de Minería. El acercamiento que tome el Ejecutivo respecto a la misma deberá ser cuestión de máximo escrutinio, para asegurar que no se trate de una ley hecha a medida de la izquierda.

Llama mucho la atención que se busque su rediseño solo pocos días después de que el presidente se reuniera con el impresentable gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, e intentara fallidamente apaciguar la incontinencia en torno a Tía María.

Una modificación como esta, en momentos de inestabilidad y convulsión política, puede propiciar que el proyecto bien quede ingrávido en los archivadores o, que ante la presión y amenazas de grupos de poco fiar, termine desnaturalizado y aprobado, lo que relegaría nuestra actividad minera muy por detrás de nuestros vecinos cupríferos.

Por otro lado, bien hizo el presidente en enfatizar la perentoria necesidad de integrar a los cerca de cuatro millones de peruanos sin servicios de cobertura al SIS. Si bien a primera vista parece una medida populista, solo se trataría de ultimar la incorporación de las poblaciones más vulnerables al Sistema Integral de Salud, lo más próximo al Medicaid estadounidense. Cuestión aparte, por supuesto, es la mala administración y financiación del SIS.

Lo complicado, sin embargo, residiría en la reducción del coste de los fármacos y mayor disponibilidad de los genéricos, pues el Ejecutivo tendría que subvencionar y negociar el precio de los mismos con las farmacéuticas y las boticas. Algo que hasta ahora es incapaz de hacer, pues el 57% de los fármacos recetados por los centros de salud del Estado no llegan a ser dispensados en farmacias públicas, debido al desabastecimiento derivado de una mala gestión y a la baja ejecución del presupuesto.

Además, el Estado tendrá que aumentar la velocidad de los estudios de bioequivalencia de los genéricos para estimular más su comercialización, y el Congreso podría comenzar por lubricar los proyectos de ley que se han presentado para enmendar la desventaja con la que juegan los genéricos.

Aún es incierto si la fórmula que ha presentado el presidente Vizcarra de adelanto de elecciones será viable. No obstante, es importante recalcar que, sean las elecciones dentro de un año o en el 2021, seremos los peruanos los únicos responsables de redistribuir el poder y sacar a nuestro país adelante. Este hartazgo generalizado es tan solo el primer síntoma del comienzo de la reforma política, y puede que el periodo Vizcarra sea el primer capítulo de esta historia.

De igual manera, el cuarto poder será el encargado de velar por el proceso, siendo ecuánime e imparcial, denunciando a los elementos políticos que busquen el beneficio personal o acarreen un bagaje de episodios ímprobos o lindantes con lo delincuencial.

La desesperanza y desilusión de lo que va de este quinquenio es verídica, y la gente lo percibe, pero lo último que debemos perder es la esperanza de que el futuro nos depara un mejor país.

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