(Foto: Luis Centurión / GEC)
(Foto: Luis Centurión / GEC)

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió excluir de la contienda presidencial a los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Victoria Nacional).

Al primero por sostener que “la mitad de lo que gana, lo dona” y por ofrecer donar su remuneración presidencial de triunfar en los próximos comicios. Al exarquero de Alianza Lima, a su vez, por haber omitido información en la hoja de vida que presentó, sobre los ingresos percibidos por una de sus empresas.

Aunque se trata de resoluciones todavía en primera instancia, que a no dudarlo serán dirimidas en el Jurado Nacional de Elecciones, sorprende el puntilloso rigor del organismo electoral con estos y otros candidatos, una severidad que ciertamente sería elogiable si se aplicara por igual al conjunto de candidatos y no solo a quienes, al parecer, no son de su agrado.

Es difícil entender, de otra manera, la blandenguería que evidencian, en cambio, con las sólidas objeciones que se han presentado contra la postulante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, acerca de una propiedad en el Cusco cuya “transferencia” fue legalizada nada menos que por una notaría propiedad de la madre de Álvaro Campana Ocampo, presidente y fundador del partido político de Mendoza. Es decir, poco menos que una criollada para salvar el escrutinio del JEE, que se limitó a resolver que no había mérito para disponer su exclusión de la contienda electoral de abril.

¿Será quizás que los colegiados son también admiradores de Nicolás Maduro, como la candidata izquierdista? Porque aquello de la “fe notarial” –la presunta honradez del notario– en la que se basan para limpiarla de la tacha suena más a academicismo perdonavidas que a argumento jurídico creíble.

Es claro que la vara con que los jurisconsultos están midiendo uno y otro caso no es la misma. Y si los jurados electorales entran también en campaña, no queremos ni pensar lo que será el 11 de abril.