Coima manda

La Contraloría General de la República informó que, en el 2021, por corrupción e inconducta funcional, el Estado ha perdido más de 24 mil millones de soles, dinero que hubiese podido servir para financiar, por lo menos, la construcción de dos carreteras centrales.

La cifra deviene obscena si hablamos de un país como el nuestro, con enormes franjas poblacionales sufriendo necesidades sin coberturas mínimas y con una pobreza que, otra vez, va en aumento. En este oscuro paquete de quebrantos tenemos que considerar también el daño que, según explicó el contralor Nelson Shack, hace la incompetencia de los funcionarios, que elaboran mal los expedientes y los evalúan o procesan peor todavía.

Ese es, en buena cuenta, el elevado costo que tiene para el país –no siempre tan obvio de manera inmediata– el nombramiento de incapaces en puestos importantes de la administración pública, práctica que el Gobierno de Pedro Castillo ha llevado a extremos casi delirantes y de desvergüenza. La incompetencia es la socia perfecta de la corrupción, tanto que a veces la línea que separa a una de la otra es delgadísima. Y, desde luego, ambas son punibles, deben ser vigiladas y castigadas.

Basta ver cómo se malgasta el dinero en los gobiernos regionales o en los municipios locales que, por ejemplo, gestionan las contribuciones de las empresas mineras o gasíferas, para recordar la vieja frase de González Prada, que no por desgastada ha perdido actualidad (“el Perú es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”). Administraciones que son tomadas por políticos cuyo único objetivo es medrar con los recursos públicos ni bien se hacen del cargo.

La gran cantidad de autoridades o exautoridades denunciadas, procesadas y encarceladas por delitos de corrupción es un síntoma clamoroso de esa ‘enfermedad’ que aqueja al país y devasta la vida de sus ciudadanos, especialmente la de los más vulnerables.

De ahí que sea tan necesaria una prensa independiente que investigue las tramas ocultas del poder político y las maniobras dolosas en que pudieran incurrir funcionarios públicos de mediano o alto nivel, para que la justicia pueda intervenir y detener la ominosa sangría que refiere el informe del contralor. La lucha contra la corrupción no puede detenerse ni mucho menos ser obstruida, por mucho que algunos encumbrados lo intenten una y otra vez.