Fiscalía ha puesto el ojo en el CNM por el manejo de partidas económicas para contratar diversos servicios. (Perú21)
Fiscalía ha puesto el ojo en el CNM por el manejo de partidas económicas para contratar diversos servicios. (Perú21)

El país está atravesando la que es, sin duda, una de sus peores crisis de institucionalidad republicana: el divorcio entre el pueblo y las autoridades que deberían representarlo es evidente y el descontento se muestra en cada encuesta: ya nadie cree en lo que el Estado representa. Esta situación es, naturalmente, peligrosísima: abre la caja de Pandora que los radicalismos y las ideas afiebradas suponen. La pregunta entonces es: frente a tanto desorden… ¿por dónde empezamos a resolver el problema que nos agobia?

La respuesta es, en mi opinión, clara: por el Consejo Nacional de la Magistratura. Vean ustedes: hoy por hoy, no existe CNM. Eso significa que los jueces y fiscales de cierto rango e investidura están completamente libres de cualquier tipo de fiscalización o sanción. Si otro poder se involucrase en la sanción de un juez o un fiscal, el Ministerio Público podría –perfectamente– recurrir al Tribunal Constitucional y alegar que se está vulnerando su esfera de acción jurisdiccional.

Esto es muy grave; sin embargo, no es todo. Es solo la punta del iceberg.
El CNM tiene injerencia directa en los nombramientos de quienes dirigen la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir: no solo estamos frente a un organismo acéfalo de cara a sus roles con la administración de justicia, sino que estamos frente a un órgano incapaz de tomar decisiones que afecten directamente al futuro electoral del país. De su democracia. O sea, sin administración de justicia transparente y sin autoridades electorales bien definidas, es imposible que el modelo republicano no sufra embates constantes.

Entonces: no digo con esto que no haya mil y un problemas que resolver en el sistema de justicia y en los demás organismos del Estado. Pero frente a una crisis debemos separar lo esencial de lo contingente. Para poder así resolverla con idoneidad. De nada servirá atrapar a todos los corruptos ni hacer todas las reformas políticas si el sistema que finalmente tendrá que dirimir frente a cualquier conflicto intersubjetivo de intereses está podrido y sin una cabeza que pueda decidir sobre las responsabilidades establecidas por el sistema legal.

Estamos jugando “ponle la cola al burro” con estas mini reformas y anuncios constantes. Las fuerzas políticas están en la obligación de empezar por lo prioritario. Y eso es que tengamos un Consejo Nacional de la Magistratura probo, decente y en el cual podamos confiar los ciudadanos.
Sin eso, todo será en vano.

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