notitle
notitle

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El gobierno aprobó recientemente un alza de S/100 en el sueldo mínimo vital. Sin duda hay incentivos políticos para esta decisión, pero ello no es materia de este pequeño artículo.

Casi todos los candidatos contemplaban un alza en sus planes de gobierno, Alan García y PPK han realizado declaraciones aprobando la medida. García la considera prudente y responsable mientras de Kuczynski ha planteado que esta medida debe enmarcarse en una política más integral.

Y tiene razón. El mercado laboral (y la informalidad que impera en él), como todo mercado, está compuesto por oferta y demanda.

Quienes critican los incrementos en el salario mínimo focalizan su análisis en los factores de oferta de trabajo, es decir en las decisiones de contratación de las empresas, especialmente las pymes, que no estarán en capacidad de asumir el mayor costo laboral y por ello optarán por la contratación informal. Según diversos estudios referidos a la informalidad, las empresas sumergidas en ella pueden dividirse en dos grupos: aquellas con la productividad suficiente para desarrollarse y las que están condenadas a mantenerse pequeñas y desaparecer.

Un mayor salario mínimo afecta claramente al segundo grupo, pudiendo actuar positivamente en el primero a través de un análisis de demanda. Y es que la perspectiva de una mayor remuneración eleva el costo de oportunidad de la informalidad.

Los trabajadores con mayor energía y ambición suelen renunciar a sus trabajos al sentirse atraídos por el potencial del emprendedurismo informal, afectándose la productividad promedio del sector formal.

Un mayor salario puede atraer trabajadores a la formalidad, haciéndola relativamente más productiva.

Habría, pues, que considerar si las políticas públicas hacia la formalidad deberían estar enfocadas únicamente en cómo bajar el costo de esta para las empresas, sino que estas políticas deben complementarse con una mayor priorización de medidas dirigidas a elevar también la productividad.