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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Existen quienes están en contra y a favor de la inversión minera. Así, durante los últimos días hemos visto a ambos bandos exponer sus diferencias en todas las plataformas mediáticas posibles.

Para los grupos a favor de la inversión privada, la paralización y demora en los proyectos no solo afectan el crecimiento del país en el corto plazo, sino también el ambiente para las inversiones y, por lo tanto, se arriesga la estabilidad económica de largo plazo (dada la importancia de la minería para las cuentas fiscales, externas y financieras). Es decir, el foco de sus argumentos está en los innegables beneficios que trae la extracción minera.

Para los críticos de estas inversiones, el foco está puesto en los aspectos menos favorables (inherentes a toda posición), tales como los supuestos ataques al medio ambiente y la vida de las comunidades en las que operan (no soy una experta en el tema), las deficiencias en la comunicación de las empresas con estas últimas y en los incumplimientos de las compañías privadas a la cada vez más compleja normativa.

Habría que preguntarse entonces si el foco debería trasladarse desde las diferencias entre ambas posiciones hacia un énfasis más dirigido hacia algún factor en que ambos estén de acuerdo.

Se me ocurre uno en el que nuestro país está enfrascado no solo en el tema minero-energético: la informalidad.

En una convivencia, quien cumple con las normas siempre va a resentir que existan quienes no lo hacen, ya que todos debemos ser tratados por igual. Así, debemos de salir del facilismo de concentrar toda la discusión en el lado formal de toda esta historia, fiscalizando minuciosamente las fallas de quienes finalmente están dentro del sistema.

Por ello, deberíamos trabajar por incluir a todos en él, llevando la batalla mediática a una legal contra aquellos que aún no están en el radar.