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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Solo conozco los problemas que viene enfrentando el partido de Julio Guzmán a través de los medios (y, por ello, seguramente pecaré de desconocimiento técnico), pero desde esta perspectiva la situación de Todos por el Perú se parece mucho a la que viven muchas entidades en el Perú en su relación con el Estado: la implacable tiranía de los procesos administrativos. Y es que la regulación ha pasado a ser más el objetivo de Estado que el instrumento que debiera ser, para conseguir una mejor convivencia. Hemos sido testigos en los últimos años de múltiples reformas que en lugar de emanar de la realidad para mejorarla y hacerla más predecible, constituyen imposiciones a las cuales la realidad debe adaptarse. Para utilizar términos legales, es la forma sobre la sustancia. El mundo al revés.

La creación normativa es cada vez más frondosa y no existe ningún mecanismo para evaluar la eficacia de tanta creatividad legal. En cualquier empresa exitosa, la creación de un producto o la realización de un proyecto viene acompañada por una evaluación permanente de costos y beneficios. Eso no ocurre en el Estado, donde los incentivos parecen estar ligados a la productividad normativa y no a su efectividad. Así, los sectores vienen siendo atacados por un enjambre creciente de reglas (y sus modificaciones) que cada vez se hace más difícil cumplir a cabalidad, creándose un entorno en el cual crece la desconfianza entre regulador y regulado, teniendo el primero una amplia ventaja frente al otro, ya que es quien ostenta el poder de la iniciativa normativa y de la discrecionalidad de su aplicación.

Leemos que más de un partido enfrenta irregularidades administrativas, lo que hasta cierto punto parece explicable en el contexto de cambios en la normativa electoral (cambios que viene padeciendo más de un sector). El resultado: más incertidumbre y mucha más desconfianza. La noción del imperio de la ley ha sido desplazada por la del imperio administrativo.