Revisaba mi libro de Economía Pública de la universidad y me encontré con un capítulo que sirve muy bien para la coyuntura, donde el debate electoral tiene como uno de sus puntos principales la efectividad de un impulso fiscal vía impuestos o gasto público, siempre asumiendo el respeto a la sostenibilidad fiscal.
Dentro de las teorías que explican al sector público, hay que destacar que un modelo político del gasto debe incorporar el sustento del conflicto entre aquellos sectores que necesitan más gasto público frente a aquellos que requieren reducir la carga tributaria que enfrentan.
Dicho sustento debiera, además de incorporar la solución a este conflicto, mostrar cómo el tamaño y composición del gasto público que se desea implementar refleja la posición de las mayorías. Es decir, cómo es que esta se expresa en el proceso político.
En una economía en desarrollo, donde la riqueza y producción (base de la recaudación) está concentrada en pocas manos, se hace más difícil el respaldo político mayoritario para una menor recaudación vs. un menor gasto relativo. Y es que las mayorías no absorben la mayor carga tributaria, pero sí constituyen el mayor objetivo del gasto público.
El argumento de la formalización es muy potente, pero no es solo un problema de tasas. La carga tributaria consiste, además, en la complejidad de las normas y en la posible discrecionalidad de su aplicación, la cual genera incertidumbre sobre la real dimensión de su costo.
Así, la falta de transparencia asociada a una cambiante y compleja normativa tributaria más la falta de instancias efectivas de defensa del contribuyente serían un determinante clave de este costo tributario. Concentrarnos en estos ayudaría a formalizar sin desatender las necesidades de gasto productivo y social de una economía emergente e informal como la nuestra. Montar la reducción de impuestos en una decidida política de ampliar la base abonaría a lograr con éxito la ansiada formalización.