[OPINIÓN] Mariana Alegre: Vivienda de interés ¿de quién?

A fines del año pasado –con la crisis política distrayendo a casi todos–, el Ministerio de Vivienda publicó el proyecto de Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS) usando como marco la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley DUS). Según cifras del MVCS a 2022, en el Perú hay un déficit de vivienda cuantitativo, con cerca de 500 mil familias que no tienen vivienda, y cualitativo, pues casi un millón de familias habitan viviendas que se encuentran en condiciones inadecuadas. Esto nos ubica como el tercer país de Latinoamérica con mayor déficit habitacional, de acuerdo al BID. Según el propio proyecto de reglamento, la VIS es la vivienda promovida por el Estado con el objetivo de reducir el déficit habitacional, beneficiando –se supone– a las personas más vulnerables y en situación de pobreza. Pero, ¿de verdad las beneficia a ellas o es alguien más quien sale ganando?

El gran problema es que este reglamento plantea unos incentivos para que los privados ejecuten proyectos VIS que pueden resultar perniciosos no solo para las mismas personas que se supone beneficia, sino para todas nuestras ciudades. Los parámetros de construcción que se ofrecen exceden enormemente las alturas planteadas y, para evitar que los gobiernos locales no obstaculicen la construcción de vivienda social en sus jurisdicciones, se puentea cualquier intento de planificación urbana que los distritos hayan impulsado.

Pero, más allá de que quienes poseen terrenos puedan ver disparadas sus ganancias al multiplicar la altura máxima constructiva, el beneficio para la ciudadanía es mínimo y, al contrario, la densidad excesiva será muy perjudicial. Esto porque, a más altura y más densidad, son muchas más las personas que utilizarán los servicios de la ciudad y no se está impulsando con la misma seriedad el desarrollo de espacios públicos, áreas verdes, espacios recreativos y culturales ni tampoco escuelas u hospitales –por dar unos ejemplos– que atiendan las necesidades de las familias.

Promover ciudades más compactas y con mayor densidad es muy necesario, pero hacerlo propiciando solo la construcción de edificios altísimos es disfrazar de interés social lo que en realidad es puro interés privado. Es más, son varios de estos mismos privados quienes se oponen a la misma Ley DUS y quieren reformarla eliminando los mecanismos de captura de valor que se habían incluido. De lograrlo, el negocio se vuelve redondo: no solo consiguen parámetros constructivos mucho más favorables, sino que casi no se recuperan fondos para el desarrollo del entorno urbano, equipamiento y servicios. Ganan más y ponen menos.

Después de leer esto, ¿a quién crees que sí le interesa este tipo de vivienda?