(Opinión) Mariana Alegre: Un terremoto fatal

Más de 28 mil muertos es el saldo preliminar del devastador terremoto de 7.8 grados de magnitud sucedido en Turquía y Siria. Una cifra que sigue ascendiendo pues las labores de rescate continuarán por mucho tiempo más. No fue sorpresa que ante esta tragedia muchos nos preguntáramos qué pasaría si nuestro país tuviese que enfrentar una situación así. Lamentablemente, la respuesta es aterradora y el crecimiento urbano, tal y como se ha llevado a cabo, nos plantea escenarios muy graves.

Un reciente estudio sobre huella urbana y riesgos realizado por el proyecto Ciudades Sostenibles del Minam ha analizado el territorio de Lima, Callao, Chilca (Cañete) y Ricardo Palma y Santa Eulalia (Huarochirí). Uno de sus hallazgos es que toda el área que hoy ocupan estas jurisdicciones solo se extendía en un 10% en los años setenta, siendo el mayor crecimiento hacia la zona norte y sur en Lima, especialmente en los bordes de las vías principales y las laderas. Dado que el Estado no logra ofrecer vivienda social accesible es que hasta el 80% del mercado inmobiliario es informal, según el Minam (2022). Esto genera que muchas personas se vean obligadas a ubicar sus viviendas en zonas extremadamente vulnerables ante fenómenos naturales y desprovistas de servicios mínimos para atender sus necesidades básicas.

El Minam estima que un gran sismo en Lima y Callao destruiría el 30% de construcciones existentes, 3.9 millones de personas se quedarían sin vivienda y más de 250 mil personas perderían la vida. El perjuicio económico causado ascendería a los 75,500 millones de dólares. Si contrastamos estas cifras espeluznantes con la opinión de la ciudadanía, vemos que la concientización es muy baja puesto que solo el 5% de encuestados de Lima y Callao consideran que la falta de prevención ante desastres es uno de los principales problemas de la ciudad, según la encuesta Lima Cómo Vamos.

El estudio del Minam plantea unas soluciones, entre ellas la de implementar estrategias para reducir la segregación mejorando los barrios y asentamientos, aumentar la infraestructura verde, promover proyectos de movilidad sostenible, que los distritos cuenten con información sobre los riesgos debidamente actualizada y, además, desarrollar capacidades en los gobiernos. Desde el ámbito nacional también hay mucho que hacer, empezando por promover programas de vivienda social que de verdad beneficien a las personas (y no solo a las grandes inmobiliarias, como pretende el proyecto de reglamento de Vivienda de Interés Social recientemente presentado).

Esperamos que nunca tengamos que vivir una tragedia como la de Turquía y Siria, pero es necesario prevenir mejorando las políticas de desarrollo urbano y garantizando viviendas seguras para todos, pues solamente una mochila de emergencia no nos va a servir de mucho.