(OPINIÓN) Mariana Alegre: Otorongo come bus

El viernes congresistas de Fuerza Popular y Acción Popular lograron poner a votación un proyecto de ley con el objetivo de destruir la aún incipiente pero muy necesaria reforma del transporte para Lima y Callao. El congresista Daniel Olivares, a través de sus redes sociales, denunció la movida y generó –como es natural– un rechazo generalizado. Esto ocurre la misma semana en la que este mismo Congreso buscó vacar al presidente Sagasti y conformó una comisión investigadora sobre el uso de la lejía como estrategia para atenuar el COVID. No es ninguna sorpresa, ¿no?

Pero, ¿cómo así este proyecto de ley generaba tanto daño? En primer lugar, buscaba dar una prórroga automática y “excepcional” de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público regular de pasajeros por un plazo de diez años. Sí, ha leído bien: DIEZ años. Además, pretendía que durante los primeros tres, la ATU no pudiera otorgar concesiones para la prestación del servicio de transporte público.

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¿Qué significa esto? Pues la perpetuación de las combis asesinas y de un sistema de transporte que no sirve a los ciudadanos: que los maltrata, los hiere y los mata. Eso es lo que aspiran a tener los congresistas promotores de este despropósito y eso es lo que defienden regidores que de servicio público no tienen ni un pelo. Una vergüenza. No se trata ya ni siquiera de diferencias técnicas sobre qué tipo de sistema de transporte promover. Esto es, simplemente, un absurdo, el menosprecio absoluto a la ciudadanía a quienes ignoran siempre, pues no les importa cómo viaja la mayoría de ciudadanos, cómo madrugan para ir a su trabajo, cómo hacen cola para subirse al bus y cómo arriesgan sus vidas cada día al enfrentarse al desastre de servicio que nos ofrecen, al correteo entre combis, y a escapar ilesos de los siniestros de tránsito que ocurren cada día… para poder llegar una noche más a casa. Sanos y salvos. Esta vez por un pelo.

Una vergüenza son quienes buscan petardear una de nuestras necesidades básicas: la de movernos con dignidad. El proyecto de ley no obtuvo la mayoría; sin embargo, continúan con sus tropelías y buscan impulsar una reconsideración del mismo solo cambiando el plazo de diez a cinco años, como señaló el periodista Martín Hidalgo en su cuenta de Twitter.

Necesitamos que la reforma de transporte continúe y resulta clave el rol de la ATU, que aún no logra avanzar con este encargo. El gobierno nacional debe darse cuenta de que sistemas de transporte integrados no solo beneficiarán a los peruanos sino que permitirán desarrollar las ciudades y acercarán oportunidades a quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto tan complejo como el que vivimos. ¡Ya pues!

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