[Opinión] Mariana Alegre: Ministro contra el tráfico

No fue una sorpresa que, nuevamente, una autoridad haga abuso de su encargo y decida ir en contra de los propios ciudadanos. Es, sin embargo, una enorme contradicción que justo el gobierno que se atribuye la potestad de representar al pueblo y que coloca en el centro de su discurso a los más vulnerables decida jugarles en contra y tomar partido por quienes generan caos en las calles y llevan dolor a miles de familias cuando, producto de un siniestro vial, les arrebatan a sus seres queridos.

El ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, ha transado con los protagonistas de la cultura combi y les ha prometido diez años más de carta blanca a costa de nuestras vidas y de nuestra dignidad. El ministro sabe, pero hace de la vista gorda con que son los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables quienes más usan el transporte público y quienes sufren cotidianamente de las esperas y el maltrato, de la resignación en el camino y del alto costo que les representa moverse cada día.

Además, no debe ni darse cuenta de que los sistemas de transporte público no solo sirven para mover a los pasajeros, sino para acercarlos a oportunidades, para romper la brecha de desigualdad e incluso para aliviar la pobreza. Devolverles a los ciudadanos las horas perdidas en el tráfico es también otorgarles calidad de vida y propiciar dinámicas positivas para sus familias y para su crecimiento personal.

Por supuesto, nada de esto parece importar cuando pretende retroceder en el camino de la reforma que, finalmente y luego de mucho trabajo, es reconocido como un proceso fundamental.

Mención aparte merece el absurdo ofrecimiento de los puestos de la Sutran y de la ATU, que, con su carácter de organismos técnicos, son precisamente obstáculos para las mafias del transporte informal que campean buscando deshacerse del control gubernamental. Por supuesto, ambas instituciones necesitan reforzarse para alcanzar sus objetivos de manera más rápida, pero, de ninguna manera, significa que deban ser reducidas o –peor aún– desaparecidas.

Son ya conocidas las credenciales ministeriales y la informalidad con la que habría hecho su carrera en el sector. Si su propio récord de multas de tránsito no es suficiente, que sea representante de una de esas mismas organizaciones a las que hoy pretende validar nos habla no solo de un sinsentido, sino de un tremendo conflicto de intereses. El ministro está yendo contra el tráfico y más pronto que tarde deberá dejar el volante para que la ciudadanía pueda viajar segura al fin.