"Era en este ministerio (de Transportes) en el que los negociados y corruptelas ocurrían cada día", señala la columnista. (Foto: GEC)
"Era en este ministerio (de Transportes) en el que los negociados y corruptelas ocurrían cada día", señala la columnista. (Foto: GEC)

Mientras los partidos del Mundial nos muestran goles y penales, nuestro país aún vive la crisis generada por el chapucero intento de golpe de Estado que intentó ejecutar el ahora detenido Pedro Castillo. Por su parte, las manifestaciones en regiones parecen avivarse mientras que la capital no parece prestarles demasiada atención. El nombramiento de los nuevos ministros podría no apaciguar los ánimos pues, a pesar de haber convocado a varios profesionales técnicos y honestos, hace ruido la ausencia de gestores con muñeca política que representen las demandas regionales y a los grupos de ciudadanos invisibilizados.

En cuanto a lo que concierne a nuestras ciudades y territorios, las dos carteras clave, Vivienda y Transporte, siguen en el ojo de la tormenta. Si bien en Vivienda ya se asignó a una nueva ministra con experiencia en gestión pública, en Transportes el puesto continúa desierto. No sorprende, pues era en este ministerio en el que los negociados y corruptelas ocurrían cada día. Quien decida aceptar el mandato deberá exigir una auditoría a todos los procesos impulsados con anterioridad y, ojalá, pueda acelerar la reforma que se necesita.

Por lo pronto, la crisis e inestabilidad nos distraen de los grandes pendientes y, en especial, de las acciones necesarias para cerrar la brecha de la inequidad que persiste en nuestro país. Las ciudades no son ajenas a esto y, por ello, las políticas públicas que se impulsen deben incorporar la reducción de la desigualdad como eje central.

A modo de ejemplo, la gestión del suelo y la Ley de Desarrollo Urbano deben sostenerse sin permitir retrocesos nefastos como algunos propuestos. Las políticas de movilidad urbana sostenible que se han estado trabajando en Promovilidad (oficina del Ministerio de Transporte) deben ser continuadas e impulsadas para así poder llevar conectividad a los territorios. La gestión de las ciudades intermedias –junto a las nuevas autoridades electas– debe propiciar desarrollo económico para generar prosperidad sin olvidar que la calidad de vida de la ciudadanía requiere la reducción de la inseguridad ciudadana, la mejora del transporte público, la disminución de la contaminación y la provisión de vivienda, por indicar solo algunos aspectos.

Sin embargo, mientras los políticos sigan arrebatándose el Perú como botín, poco se puede hacer y los perjudicados, para variar, seremos todos nosotros.