La mala costumbre de algunos pocos de creerse dueños de la playa y el mar ha generado prácticas discriminatorias que limitan el disfrute de la ciudadanía a recursos cuya soberanía es del Estado y, por ende, de todos los peruanos. Muchas veces, clubes y condominios de playa realizan acciones de control y hostigamiento, y ponen de excusa, para restringir el paso de personas, las garitas u otra infraestructura. De acuerdo a lo que indica la Defensoría, al tratarse de una sentencia que interpreta la Ley de Playas, cualquier persona natural o jurídica “que posea(n) propiedades colindantes al litoral peruano deben garantizar el acceso libre a las playas”. Las municipalidades deben fiscalizar a los propietarios de terrenos cercanos al mar y evitar restricciones de acceso y prácticas discriminatorias.