(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Con motivo de la amenaza de paro dada por los operadores de los corredores complementarios y la legitimidad de sus demandas, la semana pasada se discutió mucho sobre la calidad del transporte público. Los operadores tienen razón cuando mencionan que los colectivos informales y otros modos de transporte paralelo (para-transit) como combis piratas y motos lineales que llevan pasajeros, compiten contra los corredores complementarios y les quitan pasajeros (perjudicando su operación y retorno). Pero, a pesar de que aún cargan un porcentaje pequeño de los viajes de la ciudad, Lima no puede funcionar sin ellos puesto que en cualquier ciudad los buses son fundamentales. De hecho, los sistemas de buses integrales suelen cargar más viajes que el resto de modos, incluso más que los metros.

En Lima también ocurre lo mismo. Mientras que el Metro de Lima lleva un 3% de viajes principales de trabajo o estudio y el Metropolitano un 3.9%, los buses en general llevan un 55.5% de ese tipo de viajes. Este porcentaje se distribuye de la siguiente manera: buses tradicionales (27.9%), cústers y combis (25.4%) y corredores complementarios (2.2%). Esto ocurre porque tanto el Metro como el Metropolitano, ambos muy importantes, no tienen la flexibilidad necesaria para llegar a todos los rincones de la ciudad. Las redes de buses, por el contrario, pueden penetrar casi en cualquier lado y pueden ajustar la capacidad del vehículo en función de la demanda de pasajeros. Es decir, donde hay muchos usuarios los buses serán más grandes y ahí donde haya poca gente se usarán vehículos más chicos.

Dicho esto, la reforma del transporte –que tanta falta nos hace– es la transición de las rutas de buses tradicionales al Sistema Integrado de Transporte (SIT) conformado por los corredores complementarios que podrán cubrir la ciudad con rutas ordenadas y sin competencia entre ellas por las que los ciudadanos podamos movernos bien. Parece algo tan simple; sin embargo, es un proceso tan político y tan politizado que no ha sido posible hacer esta transformación y seguimos con un transporte precario para los pasajeros y los conductores.

Pero, ¿qué mayor acto político que transformar la forma en la que nos movemos en la ciudad? María Jara a la cabeza de la ATU tiene los conocimientos y la valentía para sacar adelante una reforma integral que no solo alivie en tiempo y calidad los viajes cotidianos de millones de personas, sino que reduzca los siniestros y sus víctimas. Una alianza estratégica con las municipalidades de Lima y el Callao resulta clave. Aunque, inicialmente, esto podría poner nerviosos a los conductores, ya que deberán ceder carriles para uso exclusivo de los buses, a ellos también les será tremendamente beneficioso pues reducirá el tráfico y las fricciones en las calles, disminuyendo así su estrés. ¿No vale acaso la pena apostar por esto?