En los últimos días se ha dado un debate en torno al alza del peaje de la Vía de Evitamiento. Por supuesto, como es usual en estos casos, las voces de protesta no se han hecho esperar y aunque –por suerte– hasta el momento nadie ha quemado las casetas de cobro, hasta la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado pidiendo la suspensión del incremento del peaje. Debo decir que no entraré a dar detalles sobre este caso en concreto pues las cláusulas del contrato serán las que determinen si es posible que se aumente el peaje y si se requiere o no de autorización municipal. Sin embargo, sí quiero que reflexionemos sobre dos puntos: la razonabilidad de pagar por usar la vía y el destino de los fondos que se recaudan en los peajes.
En primer lugar, la lógica pro auto lleva a muchos a dar por sentado que cuando compran un auto, tienen el derecho absoluto a usar las vías. Esta es la primera preconcepción que debemos rebatir. No, cuando uno adquiere un auto, también debe hacerse cargo de gastos asociados al uso del mismo, como por ejemplo, la gasolina, el mantenimiento, el parqueo y el seguro de accidentes. Así también, como el auto genera externalidades negativas, se debe aplicar el principio ambiental del derecho internacional público: el que contamina, paga.
De igual manera, el uso de las vías genera una serie de costos: la construcción de la infraestructura, su operación y mantenimiento que deben ser provistos y cubiertos por el Estado, pero, que son, principalmente pagados por los usuarios directos de las mismas. Sí, nuestros impuestos pagan infraestructura, pero es adecuado que quienes usan el bien tengan una mayor responsabilidad sobre el mismo. En Santiago de Chile existe el Permiso de Circulación que los conductores deben pagar cada año y que les da derecho a usar las calles.
Ahora bien, el modelo de concesiones vigente que requiere de cobros de peaje tiene una falla de origen: la recaudación suele concentrarse en la recuperación de lo invertido y en la operación, pero olvidan la necesidad de reinvertir parte de ese dinero en mejorar, por ejemplo, el transporte público o los espacios públicos. De tener incorporado este propósito, el cobro de peajes tendría más sentido y se pagaría con la certeza de que se les devuelve en mejoras concretas a su calidad de vida. Entonces, ojalá que en los próximos contratos de concesión se establezcan cláusulas principales que garanticen estas reinversiones, tanto por parte del privado como del Estado.
Así también, cabe recordar, para pesar de los conductores, que no existe el derecho humano a no pagar peaje.