(GEC)
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Las renuncias consecuentes de al menos 15 miembros del consejo consultivo de la Comisión de Constitución, entre los que están Cateriano, De Althaus, Urviola, Landa, Javier de Belaunde, Tuesta, Tanaka y más –lo que demuestra un abanico ideológico bastante amplio– debería ser la antesala para que los legisladores no demoren en corregir su patinada. No hay ningún abogado serio e informado que esté a favor del sinsentido que aprobaron. El consenso es que lo hecho es abiertamente inconstitucional: no tuvo ni debate público ni dictámenes previos y rompió con el balance de poderes que es piedra angular de cualquier Estado democrático. Lo que hicieron, ya lo dije aquí, es uno de los mamarrachos más grandes de nuestra historia republicana.

Para salir de este aprieto, los legisladores deben tener humildad, poner en práctica el diálogo y dejar el hígado a un costado. Eso significa seguir adelante con lo bueno, que es la reforma que establece impedimentos para postular a cargos de elección a quienes tengan sentencia en primera instancia. El objetivo es que esta regla se aplique en la elección de 2021. Sin embargo, sobre la inmunidad, tienen que hacer borrón y cuenta nueva.

En el siguiente Pleno deben abandonar lo aprobado el domingo y retomar la esencia de la reforma sobre inmunidad, sin romper el balance de poderes ni judicializar más la política. Eso significa no insistir con el trato abiertamente diferenciado entre legisladores y altas autoridades. Solo se trata de aprobar que la inmunidad parlamentaria no cubra ningún delito cometido antes de ser electos y que los delitos comunes que los legisladores cometan durante su mandato sean vistos por la Corte Suprema. Nada más.

En simultáneo, los legisladores preocupados por la imagen del Congreso deberían presionar para tener a una persona seria como presidente de la Comisión de Constitución. Chehade no da la talla.