El proyecto Tía María ha originado varias protestas en Arequipa. (Foto: GEC)
El proyecto Tía María ha originado varias protestas en Arequipa. (Foto: GEC)

Hoy se cumplen las 72 horas del ultimátum que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dio al presidente Martín Vizcarra para que anulara la licencia otorgada a la explotación minera de Tía María, en Islay.

“Los problemas que pueda traer a futuro, heridos o muertos, serán su culpa”, agregó luego el dirigente, nacido en el distrito arequipeño de Chivay.

Todo un personaje este señor. Con sus truculentos antecedentes policiales, la total ausencia de plan de gobierno y equipo calificado en su administración, un discurso beligerante, de indescifrable radicalismo, sin el más mínimo asomo de coherencia o compromiso con sus promesas electorales o compañeros de plancha, podría encajar en cualquier pintoresca viñeta si no estuviera, todo el tiempo, poniendo en juego vidas humanas, como carne de cañón, entre sus encendidos discursos y la consecuente violencia que estos pueden acarrear.

El otorgamiento de la licencia de construcción a la Southern Perú Copper Corporation ha seguido un largo camino legal y cumplido con todos los requisitos legales que ordena la Constitución del Perú. Y como ha explicado el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, a un gobernador regional no le compete interferir, rechazar o aprobar una decisión del presidente de la República, tomada además pensando en beneficio del país. Ni mucho menos amenazarlo, tal cual ha hecho Cáceres Llica. Bravatas que tampoco pueden descartarse así como así, pues se está desafiando el Estado de derecho y un ordenamiento jurídico que todas las autoridades nacionales están obligadas a respetar y acatar.

El bloqueo de carreteras y la alteración del orden público como estrategia para obtener réditos políticos o negociar acuerdos con el gobierno central, por mucho que tengan el respaldo de la mayoría de alcaldes y autoridades de la zona, están muy lejos de formar parte del intercambio democrático: son, más bien, parte del diálogo de sordos propio de la prepotencia ventajista y el chantaje político.

El diálogo, condición previa a cualquier acuerdo civilizado, duradero, se teje intercambiando palabras, razones, nunca con amenazas o gruñidos.