No al chantaje

Con más de mil kilómetros de extensión total, desde la región amazónica de Loreto hasta el océano Pacífico, y a casi 40 años de su inauguración, el Oleoducto Norperuano registra una accidentada historia de interrupciones y derrames que parecía haber quedado atrás luego de los últimos trabajos de rehabilitación a que se sometiera, dejándolo a pleno funcionamiento desde agosto de 2017.

Sin embargo, su historia parece seguir plagada de “accidentes”, debido, principalmente, a una seguidilla de actos de sabotaje en algunas de las zonas por donde pasa. Si hace no mucho fue en el distrito loretano de Morona, ahora ocurrió en el distrito vecino, Manseriche, ambos en la provincia de Datem del Marañón, donde las dirigencias incluso llegan a reconocer que sus comunidades son las autoras del daño. Y lo peor: todo indica que es a las propias dirigencias perpetradoras de los delitos contra esta estratégica infraestructura de nuestra industria petrolera que se le encargarán las reparaciones, como su posterior vigilancia y mantenimiento.

Si eso no suena a chantaje o extorsión, al que las autoridades del gobierno central se estarían allanando, pues el presidente Martín Vizcarra y su ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, tendrán que convocar a una junta de jurisperitos para que explique a todos los peruanos en qué consiste la legalidad de tan exitoso modus operandi.

Es cierto que, en esa zona de la región loretana, el Estado peruano brilla por su ausencia y sus habitantes viven en condiciones muy precarias, pero esta práctica delictiva, que afecta no solo al medio ambiente de la región –pues mientras se encuentra una salida política, la magnitud del derrame hace que los perjuicios aumenten día a día–, sino a la economía del país, no es, precisamente, la solución a sus problemas y tiene que ser cortada desde sus cimientos, recibiendo todo el peso de la ley.

Como en su hora lo expresó el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, Pablo de la Flor, los ataques a la inversión pública y privada no pueden quedar impunes. Petroperú, que es una empresa pública, ya ha gastado 270 millones de soles para rehabilitar el oleoducto de estos daños planificados. ¿Cuánto más nos debe costar que las autoridades abandonen su pasividad?