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Redacción PERÚ21
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Carlos Basombrío,Opina.21La magnitud de la crisis de seguridad se refleja en recientes reportes de varios medios que dan cuenta de que las extorsiones a los negocios han llegado ya nada menos que al paradigmático emporio de Gamarra.

Esta grave modalidad delictiva empezó en El Porvenir y La Esperanza en Trujillo en el año 2006. Al comienzo cobraban cupos a microbuseros y taxistas por circular por determinados barrios y darles "seguridad". Casi todos pagaron y los pocos que se resistieron sufrieron las consecuencias en sus propiedades y/o integridad física.

Ante la impunidad, ese negocio criminal creció como reguero de pólvora, y se extendió a otras actividades económicas (puestos de mercados, restaurantes, bodegas, etc.) y geográficamente se disparó hacia Lambayeque, Piura y Tumbes.

Luego fueron a Áncash, Ica y hace un par de años llegan a Lima, vía el norte y sur chicos. Ya están asentados en los conos de la ciudad y hay evidencias de que los negocios afectados son cada vez más grandes (cupos de US$10 mil empiezan a ser referencias frecuentes). Ahora han dado un salto enorme y están Gamarra. ¿Cuál es límite?

Ese es uno de los tantos frentes de tormenta que enfrenta el nuevo ministro del Interior (el sexto en menos de tres años).

Urresti ha dado pruebas de ser una persona decidida, pero el problema que afronta es muy diferente a bombardear campamentos de mineros ilegales en medio de la nada y quemar sus maquinarias.

La seguridad es un tema complejo que necesita políticos corajudos, pero a la vez inteligentes, que sean capaces de implementar políticas consistentes y concertadas. Sus predecesores fracasaron por aceptar que el presidente les diga "ve tú lo que puedes hacer".

La gran pregunta, por tanto, no es si Urresti puede ser un buen ministro, sino si el presidente tiene por fin un norte claro en esta materia y está dispuesto a jugársela.

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