La encuesta de Ipsos para Perú21 arroja cifras rotundas respecto de Juan José Santiváñez, todavía ministro del Interior, uno de los funcionarios más serviles con la Presidencia que se han visto en el cargo durante los últimos años.
Ni su nombramiento ni su continuidad merecen respaldo y reconocimiento de la ciudadanía. Por el contrario, más del 80% entiende su reclutamiento en el gabinete como una maniobra de Dina Boluarte para protegerse de las investigaciones policiales y judiciales a raíz del caso Rolex. Protegerla a ella y a su hermano Nicanor, desde luego, embarrado también hasta las narices e investigado por tráfico de influencias. En buena cuenta, el papel de este ministro es –como se dice en la calle– el de “chaleco” presidencial.
Antes de llegar al puesto, a Santiváñez no se le conocían mayores logros ni destacaba en la práctica abogadil. Su especialidad era defender a policías expulsados de la institución por acusaciones de soborno o inconductas de diverso octanaje (recordemos que desde 2022 a la fecha se ha dado de baja por estas razones alrededor de tres mil efectivos, incluyendo oficiales).
Con conocimiento previo del organigrama y los tejemanejes en la PNP, el encargo recibido habría sido el de tumbarse, sin miramientos, a quienes hayan puesto a la ley y el patriotismo por encima de la complicidad con las autoridades de turno.
Es exactamente lo que ha ocurrido con la virtual desactivación de la Diviac en la PNP, una división policial que era parte de un equipo de la Fiscalía que investigaba casos de corrupción en el poder.
Y mientras tanto, luego de que la presidenta lo ratificara en el cargo, el país –sus principales ciudades y zonas rurales– se ahoga arrastrado por una ola criminal que no hace más que crecer en ferocidad, favorecida por la incompetencia del ministro y el sector Interior. Esa ratificación, con sonoro abrazo incluido, ha sido como darle una cachetada a los peruanos, es decir, a empresarios, emprendedores y ciudadanos, hombres y mujeres, trabajadores honrados que sufren a diario el acoso del hampa.
No sin razón, 8 de cada 10 peruanos considera, en la misma encuesta, que Santiváñez debe ser cambiado.
Resulta inaudito que la mandataria valore más a un chicheñó que besa su anillo –o, en este caso, deberíamos decir su Rolex– que la seguridad de ‘su pueblo’, como le gusta decir. Un pueblo inerme cuya democracia está siendo devorada por la corrupción y la delincuencia.
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