Por César Humberto Cabrera (*)
Aun cuando la comunidad de Huancuire no se había retirado de Chalcobamba, las autoridades decidieron ir adelante con la mesa de diálogo, creada por resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Mal comienzo. Para iniciar cualquier diálogo formal, vía una mesa creada por la autoridad, la condición mínima es que se hayan depuesto todas las medidas de fuerza, más aún la ocupación de un yacimiento. Cierto es que la producción ha comenzado, un alivio para los trabajadores, los proveedores y las autoridades regionales y locales, para las cuales los ingresos provenientes de Las Bambas son muy importantes. Pero también hay que tener en cuenta que el Gobierno levantó el estado de emergencia, preocupación central de los dirigentes de las comunidades, una concesión mayor, sin contrapartida alguna. Más aún, las comunidades que participarán en la mesa le han otorgado a la empresa 30 días para satisfacer sus exigencias, de lo contrario pueden ocupar las operaciones y paralizar nuevamente la producción.
Pero quizás lo más grave sea que esta mesa ha sido constituida con agenda abierta, lo que significa que el punto a tratar no es exclusivamente la revisión de los acuerdos que las comunidades dicen que han sido incumplidos.
Sucede que el tema central que se pretende discutir es el aumento del precio al cual fueron vendidas las tierras de las comunidades hace más de 10 años, una demanda que no se puede admitir, pues estarían en juego todos los contratos. Ello al margen de que también se trate, como tema secundario, lo que llaman los compromisos incumplidos.
Consecuentemente, es indispensable que la agenda de la mesa (o mesas, pues serían varias) sea inmediatamente acotada, antes de que transcurran los 30 días de “tregua”, concentrándose en tratar únicamente los compromisos que podrían haber sido incumplidos. De lo contrario, el conflicto no se resolverá y la paralización de la producción volverá a estar a la orden del día.
El caso de Cuajone
La comunidad de Tumilaca, Coscore, Pocata y Tala ocupó el reservorio que abastecía de agua el campamento y la mina de Cuajone arguyendo que la empresa había ocupado ilegalmente esas tierras, que eran de su propiedad, solicitando por ello una indemnización de 5,000 millones de dólares por los 50 años de uso y, en adelante, el 5% anual de las utilidades de la empresa.
Por tanto, el tema a demostrar era si la comunidad era propietaria de esas tierras tomadas indebidamente por la mina o, si como decía la empresa, el gobierno peruano era el propietario de las mismas, habiéndoselas concesionado con el fin de llevar adelante la operación minera. Si la comunidad era la propietaria de los terrenos solo había que negociar el monto de las compensaciones, mientras que si era lo segundo, no había nada que negociar, el tema se cerraba, del mismo modo que la mesa. No había otro tema en agenda.
Pues bien, Southern presentó la documentación que acreditaba la propiedad del Estado sobre esas tierras y la concesión de estas a la empresa con los fines señalados. Además, presentó todas las licencias y permisos que le habían sido otorgados por parte del Estado, con lo que el punto central en discusión quedó aclarado, por lo que no había más que discutir.
Esta es la manera de tratar estos temas, de forma acotada, incluso en circunstancias políticas complejas como las actuales. Las mesas deben servir para discutir los puntos que han suscitado un conflicto, no más que eso. Bajo ninguna circunstancia puede incluirse como tema de una mesa la revisión de los precios pagados por uno o varios terrenos. Menos aun cuando los precios pagados han sido de lejos superiores a los del mercado. Debe quedar claro que el suelo es propiedad de la comunidad y el subsuelo propiedad de la nación. Ningún particular, incluyendo una comunidad campesina, puede pretender cobrar por este último.
(*) Economista y consultor
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